Aquellas personas que hayan sido sancionadas por violencia familiar, sexual o sean deudores de pensión alimentaria no podrán ser titulares de las unidades administrativas de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Así lo propuso la diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Nancy Núñez Reséndiz, quien dijo esto tiene como propósito prevenir la violencia sexual contra las mujeres, principalmente, por hostigamiento y acoso sexual.
Señaló que esto también aplicaría para que estas personas sean contratadas como trabajadores de estructura o personal de confianza.
“Debemos visibilizar que existe todavía una cifra negra en torno a los casos no denunciados, por ello la presente iniciativa pretende actuar como medida de prevención para evitar que las personas agresoras ocupen o accedan a los diversos espacios de estructura o personal de confianza en la administración pública”, destacó.
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Explicó que esta acción toma como antecedente la reciente aprobación en 2021, por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), de los lineamientos sobre el 3 de 3 contra la violencia de género, a fin de que los partidos políticos nacionales y locales soliciten a quienes aspiren a ser candidatos a cargos de elección, deben firmar un formato, bajo protesta de decir verdad, donde
manifiesten que no han sido condenados o sancionados por este violencia contra la mujer. Destacó que “en este sentido consideramos que esto aplique también para las personas que integren los equipos de trabajo”.
Para esto, Núñez Reséndiz busca adicionar las fracciones IV, V y VI del artículo 72 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
Esta propuesta fue terminada a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias para su análisis y dictaminación.
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