La ministra Loretta Ortiz aseguró que la Ley de la Industria Eléctrica no vulnera la libre competencia y concurrencia.
Al analizar la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores en contra de la reforma a la LIE de 2021, la integrante de la Corte se refirió a la introducción de los contratos de cobertura con compromiso de entrega física que, se reclama, impactan en la orden de despacho en el Sistema Eléctrico Nacional.
Estos contratos son acuerdos mediante los cuales se obliga a la compraventa de energía eléctrica o productos asociados en una hora o fecha futura y determinada con el compromiso de realizar la entrega física de la energía.
Destacó que en el proyecto que elaboró se da cuenta de cómo a partir de diversos informes y de la exposición de motivos de la reforma, la priorización de este tipo de contratos obedece a la necesidad de dar continuidad al servicios de energía eléctrica, es decir, de garantizar la seguridad del despacho de energía.
Los senadores aseguran que este tipo de contratos únicamente pueden ser celebrados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) , constituyendo con esto una práctica monopólica que atenta contra la libre competencia y concurrencia al otorgarle ventajas indebidas y prohibidas por el artículo 28 constitucional.
La ministra aseguró que no se otorga una ventaja exclusiva en la ley ni una ventaja de hecho, por lo que no resulta violatoria a la libre competencia y concurrencia, ya que el compromiso de entrega de energía no es algo que pueda cumplir exclusivamente la CFE, pues cualquier empresa puede asumir dicho compromiso.
“En otras jurisdicciones ya existen este tipo de contratos que son celebrados por una gran cantidad de empresas asegurando la continuidad del servicio”, dijo.
Señaló que la CFE no es la única suministradora de servicios básicos, ya que desde 2013, en México hay empresas que han adquirido permisos en la Comisión Reguladora de Energía para realizar actividades de esa índole.
El ministro Javier Laynez se pronunció en contra de esta parte del proyecto y aseguró que la reforma es inconstitucional.
Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, destacó durante la sesión, que se trata de un tema complicado y de gran trascendencia que debe ser votado a más tardar el próximo jueves.
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