Por unanimidad de 487 votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas para garantizar la perspectiva de género y los suministros para la higiene menstrual a mujeres privadas de su libertad.
El proyecto enviado al Senado para su análisis discusión y eventual aprobación reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen dentro de los principios rectores del Sistema Penitenciario, que para garantizar los derechos de las mujeres las autoridades penitenciarias deberán ser capacitadas en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Adicionalmente, se agrega dentro de los derechos de las mujeres privadas de su libertad en un centro penitenciario, tener espacios destinados a la maternidad, la lactancia y acceso a los productos de gestión menstrual para satisfacer sus necesidades de higiene. Asimismo, contarán con exámenes médicos, a fin de detectar los tipos de cáncer que afectan a la mujer.
Respecto de los derechos de las mujeres privadas de su libertad con hijas o hijos, con las reformas se incorpora el acceso a las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal; así como el derecho de las personas privadas de la libertad en un centro penitenciario, efectuar denuncias por escrito.
Centros penitenciarios deberán tener especialistas
También se establece que en cada centro penitenciario habrá, en la medida de lo posible, un ginecólogo, un pediatra y un psicólogo. Se establece el concepto de suministros a las vacunas y a los productos de gestión menstrual.
Al fundamentar el dictamen, la diputada del PAN, Lizbeth Mata, secretaria de la Comisión de Justicia, refirió que “en México los centros penitenciarios no tienen la más mínima garantía de los derechos humanos, pues incluso su capacidad es superada por la cantidad de personas recluidas en sus celdas y las condiciones son deplorables”.
Señaló que el dictamen tiene como objetivo otorgar derechos mínimos indispensables para mujeres reclusas de centros penitenciarios, “derechos que les permitan a ellas y a sus familias tener las herramientas necesarias para vivir lo más digno posible”.
En tanto, al fijar el posicionamiento de su bancada, la diputada María Elena Limón refirió que distintos reportes señalan que en los centros penitenciarios federales y estatales se otorgaron gratuitamente tan solo 106 toallas femeninas con una población de más de 12 mil mujeres.
“Es más que evidente que sus derechos son violentados. Que sean mujeres privadas de su libertad no significa que puedan ser sujetas de abandono y la salud es un derecho humano”, sostuvo.
En tanto, la diputada Socorro Andazola, a nombre de la bancada mayoritaria de Morena, dijo que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia incluye el derecho a no ser discriminadas, de manera que todas, incluso las que se encuentran en situación de reclusión, “debemos ser tratadas con pleno respeto a nuestros derechos y dignidad por el simple hecho de ser humanas”.
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dhfm
