El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó adecuaciones presupuestarias para acatar la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y con ello garantizar el pago de prerrogativas a los partidos políticos en el último trimestre del año.
En sesión extraordinaria, los consejeros recordaron que el financiamiento público para actividades ordinarias y específicas a los partidos políticos correspondiente a los meses de octubre a diciembre de este años asciende a 118 millones 136 mil 322.89 pesos.
En el Acuerdo se indica que el IECM solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México una modificación a su calendario presupuestal para recibir un adelanto de los recursos que recibiría en el mes de diciembre, a efecto de realizar el pago de la ministración de las prerrogativas a los partidos políticos para el mes de octubre, que equivale a 39 millones 378 mil 774 pesos.
Pago para noviembre
Asimismo, para el pago de las prerrogativas correspondiente al mes de noviembre pedirá lo mismo a Finanzas para garantizar la entrega de recursos.
Para el mes de diciembre, se ordenó a la Secretaría Administrativa realizar los ajustes necesarios para disponer de las economías presupuestales y rendimientos financieros para hacer frente al pago de la ministración respectiva.
Asimismo, la consejera presidenta, Patricia Avendaño deberá continuar con las gestiones necesarias para recibir la ampliación presupuestal solicitada al gobierno de esta Ciudad por la cantidad de 45 millones 412 mil 345 pesos.
Finalmente, se explicó que de no contar con esos recursos, de manera extraordinaria y en cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior, se utilizarán los recursos de la cuenta de pasivo contingente que tiene esta autoridad, la cual solamente es posible utilizar para atender sentencias firmes de órganos jurisdiccionales competentes, a efecto de garantizar las obligaciones de pago del IECM, que en su mayoría corresponde a juicios laborales, con lo cual se pone al Instituto en una situación compleja para cumplir con otras sentencias en las que se condena a un pago.
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