La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ( FGJCDMX) revisa todos los casos de tortura, tras la liberación de María Isabel San Agustín, quien fue encarcelada injustamente y víctima de tortura.
En un mensaje a medios, enfocado a las acciones para atender la violencia de género, la titular del organismo,Ernestina Godoy, informó sobre esta medida.
"Como parte de la lucha contra la tortura anunciada por el Presidente de la República y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, estamos revisando todos los casos en los que pudiera comprobarse este delito de tortura, porque esto es inaceptable.
"Quiero recordar uno de nuestros compromisos que asumimos cuando enmendamos, como ahora, un conjunto de errores y omisiones de la anterior Procuraduría que revictimizaron y negaron acceso a la justicia a las víctimas, en un caso en el que di una disculpa pública. El compromiso que hice fue que haremos todo para no cometer errores y emisiones, pero si eso ocurre, sabremos reconocerlos y enmendarlos", sostuvo.
Sobre el caso de María Isabel San Agustín, quien fue encarcelada injustamente por su presunta participación con el delito de secuestro, la Fiscal informó sobre el proceso que siguieron.
La señora pasó 10 años en prisión acusada por el delito de secuestro agravado. Ayer quedó en libertad.
"Nos avocamos a revisar de forma exhaustiva el expediente del caso y no encontramos elemento de prueba para sostener la acusación en contra de la señora María Isabel y para mantenerla privada de su libertad, al contrario, ella fue víctima de tortura por parte de las autoridades en el procesamiento del caso", explicó.
Godoy detalló que instruyó al Ministerio Público para que informara al juez el desistimiento de la acción penal.
En el mensaje, la Fiscal también dio detalles sobre otros casos, como el del feminicidio de una menor de tres años de edad, donde ya hay dos individuos detenidos.
Ayer, en un paraje de la Alcaldía Milpa Alta, fue localizado el cuerpo de la víctima. Luis y Rodrigo N, hermano y cuñado de la madre de la menor, podrían estar relacionados con los hechos; fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.
"Nuestros públicos, de inmediato, iniciaron el protocolo de feminicidio y dieron parte a peritos y policías de investigación para allegarnos de todos los datos de prueba necesarios para solicitar al Tribunal el máximo castigo para los responsables de estos terribles hechos", afirmó Godoy.
Entre el 17 y 30 de julio, 56 agresores de mujeres fueron detenidos, de los cuales 34 fueron en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, mientras que 22 fueron en flagrancia.