Autos de lujo, propiedades millonarias, así como ingresos por 20 millones de pesos en un periodo de seis años, que no corresponden con sus declaraciones patrimoniales, son parte de los elementos que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados encontró para dictaminar que procede el desafuero de Mauricio Toledo, legislador del PT.
La instancia jurisdiccional tiene listo el proyecto de dictamen del juicio de desafuero en contra de Toledo, en el que se concluye que se acreditó el incremento patrimonial del exdelegado de Coyoacán que no corresponde con sus ingresos.
“En tal virtud, el proyecto contiene que se tenga por acreditado que el hoy inculpado ha incrementado su patrimonio durante el periodo a que alude la Fiscalía; también respecto de que en su desempeño como servidor público existen cuantiosos ingresos que a lo largo de la secuela procedimental no están justificados, y, que en su actividad económica privada existe sospecha en cuanto a la licitud en la procedencia de esos recursos extra gubernamentales o privados. Se determina, con ello, la existencia del delito de Enriquecimiento Ilícito y la probable responsabilidad del C. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez”, señala el proyecto de dictamen.
Esta tarde la instancia jurisdiccional distribuyó entre sus integrantes el documento con el que se resuelve la solicitud presentada por la Fiscalía capitalina, en caso de ser aprobado por la Sección Instructora y ratificado por el pleno de la Cámara de Diputados, se le retirará la inmunidad procesal y el Ministerio Publico podrá ejercer acción penal en su contra.
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En el proyecto, la Sección Instructora señaló que desarrolló todas las etapas procesales con apego a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, incluyendo la recepción de las pruebas aportadas por cada una de las partes, así como sus alegatos finales.
“El C. Mauricio Toledo Gutiérrez ha desempeñado continuamente empleos, cargos o comisiones de carácter público, al menos desde el año 2009 y hasta la fecha; lo que tiene relevancia toda vez que la Fiscalía le atribuye conductas ilícitas a partir de 2010 y hasta las fechas en que se documentan los probables excesos patrimoniales no justificados.” Señala el documento.
En el proyecto que se propone a los integrantes de esta Sección Instructora se advierte que, si bien, a partir de 2009 el C. Toledo Gutiérrez tuvo ingresos importantes como diputado federal, incluyendo un préstamo por una suma relevante que afirma haber obtenido de la propia Cámara de Diputados en 2010, de los autos que integran el expediente se desprende la adquisición de dos inmuebles y un vehículo de lujo entre 2010 y 2011, bienes cuyo valor en aquél entonces arroja una diferencia respecto de sus ingresos superior a dos millones de pesos.
Además, en cuanto al valor de uno de los inmuebles adquiridos, en la Alcaldía Tlalpan, entre la Fiscalía y la defensa existe una discrepancia relevante, derivada de los peritajes que cada parte ofreció y la cual asciende a un monto superior a los 10.5 millones de pesos, el avalúo ofrecido por la Fiscalía contempla que el año en que fue adquirida, la finca costaba más de 16 millones de pesos, contra los 5.5 millones que fueron pagados.
En otro aspecto de su acusación, la Fiscalía señala que en las declaraciones patrimoniales que ha presentado el imputado como servidor público, dentro del periodo comprendido entre los años 2012 a 2018, consignó ingresos por un monto que asciende a más de 9.4 millones de pesos, situación que no corresponde con la realidad de los ingresos netos percibidos en ese lapso que ascienden a un monto mayor a los 20.8 millones de pesos, lo que representa una diferencia que excede los 11.4 millones en tal periodo.
Por: Elia Castillo e Iván Saldaña
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