Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio una entrevista a Adela Micha, en la que dijo destacó que dentro de las 70 personas que denunció Emilio Lozoya se encuentran el presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, ante lo cual se hicieron análisis a 35 de estos acusados y se han presentado señalamientos formales en la Fiscalía General de la República en contra de 21 más.
"En el caso de José Antonio Meade no encontramos ningún elemento que acreditara los dichos, además las fechas no coincidían con lo que decía el señor Lozoya, al igual del caso de Miguel Barbosa que hablaba de influyentismo para designar a un hermano"
Dijo haber encontrado algunas falsedades en la declaración del titular de Pemex, pero también haber identificado algunas verdades sobre el caso.
Indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado que antes de realizar cualquier acción en contra de un expresidente primero se debe hacer la consulta popular para determinar si es necesario enjuiciarlos en caso de haber cometido un delito.
Te podría interesar
"Si realmente queremos combatir la impunidad, hay que llevar a los responsables frente a los tribunales"
Investigan todas las denuncias
Comentó que se han realizado investigaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública sobre funcionarios actuales, entre ellas, el caso de Manuel Barlett, la cual resultó en que no había irregularidades en su contra.
Destacó que la UIF investigó el tema de las contrataciones relacionadas con el hijo del funcionario y se envió la información correspondiente a las dependencias que lo solicitaron.
Mencionó además que en el caso de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, se envió la información requerida al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
A su vez, cuando se solicitó por parte de la Fiscalía General de la República los datos fiscales sobre Felipa Obrador, prima del mandatario, se mandó esta información.
"Tenemos estas dos vías: o es una investigación originaria de nosotros o es una petición de alguien, ya sea la DEA, el FBI o lo que sea y otra a nivel local", dijo.
Destacó que las instituciones son las que determinan qué se hace en esos casos, pero que la Unidad de Inteligencia Financiera cumple con su papel al brindar los elementos que pueden ser usados de prueba.
No están en contra de la libertad de expresión
Sobre las investigaciones en contra de la familia Beltrones dijo que no se les ha solicitado nada de información, mientras que en el caso del medio de información Latinus, aseguró que está amparado completamente en el ejercicio de su libertad de expresión.
Sin embargo, comentó que ha salido a relucir una denuncia que saca a relucir recursos de una empresa previa que hizo contratación previa en Michoacán, lo cual podría estar relacionada con el delito de peculado, aunque resaltó que esta pesquisa no tiene nada que ver con el medio de comunicación, con los dueños, ni con los periodistas que trabajan en él.
Aseguró que la UIF tampoco actúa con bandera política, pese a que trabaja en un gobierno liderado por Morena, por lo que defiende la autonomía de instituciones como el INE y la libre voluntad del pueblo durante los comicios o las consultas populares.
GDM
GDM