Entre 2015 y 2016, en la Ciudad de México se constituyeron cinco Sistemas de Actuación por Cooperación (SAC) denominados Granadas, Tacubaya, Alameda-Reforma, La Mexicana y Distrito San Pablo.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en la Cuenta Pública de 2018, la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi), dependencia encargada de autorizar los SAC, no contó con los mecanismos necesarios para asegurar la dirección y rectoría sobre la solicitud; autorización, constitución y ejecución de los mismos.
Además, añadió que tampoco podía acreditar los beneficios para el desarrollo urbano de la capital, “toda vez que las operaciones no se encontraron reguladas”.
Asimismo, la dependencia no acreditó haber recibido las aportaciones financieras o en especie por un total de 656.2 millones de pesos que los desarrolladores deberían entregar para mejoramiento urbano de la zona donde se encuentran estas obras.
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Esto significa que los interesados en los SAC pudieran realizar obras y cambios sin supervisión gubernamental alguna, y con ello dar paso al llamado “cártel inmobiliario”.
También señaló que los interesados de tres (Tacubaya, Alameda-Reforma y Distrito San Pablo) de los cinco SAC, no presentaron la descripción de los proyectos a realizar, pues “debieron ingresar a la fecha de su solicitud para soportar el inicio de los trámites de solicitud de constitución”.
“Seduvi no resguardó ni custodió los documentos de archivo necesarios para iniciar el trámite de cada uno de los SAC, que los interesados debieron presentar en las fechas de su solicitud, a efecto de integrar el expediente correspondiente”, enfatizó la Auditoría.
En respuesta a estas observaciones, la Seduvi reconoció que “con relación a los Sistemas de Actuación por Cooperación (SAC) denominados Tacubaya, La Mexicana, Alameda-Reforma y Distrito San Pablo no existe evidencia de cómo se procesaron las solicitudes para su constitución ni qué requisitos se evaluaron, así como cuáles fueron las actividades realizadas, una vez que se determinó que las solicitudes eran procedentes”.
Agregó que la única evidencia física de cómo se procesaron “son las publicaciones antes referidas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, mismas que dan un soporte jurídico para su creación”.
Tras esta explicación, la Auditoría Superior de la CDMX determinó reiterar la observación sobre la carencia en la Seduvi de mecanismos de control y supervisión implementados para el procesamiento de las solicitudes de constitución de los SAC.
Estos instrumentos jurídicos, contemplados en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su reglamento, tienen como propósito desarrollar proyectos inmobiliarios particulares, a través de la fusión de predios o cambio de uso de suelo.
Los permisos para dar pie a un SAC se otorgan bajo la condición de que los responsables de las edificaciones aporten recursos financieros o en especie para mejorar el entorno urbano dentro de la zona donde construirán.
Por Cinthya Stettin
dza