Con 110 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Pleno del Senado consumó la reforma para atacar la subcontratación ilegal (outsourcing: qué es y cómo funciona), que beneficiará a unos cinco millones de trabajadores que laboran bajo ese esquema y puedan ser regularizados con prestaciones conforme a la ley, como seguridad social y reparto de utilidades.
Según lo avalado por los senadores, de ahora en adelante las empresas no podrán contratar trabajadores para tareas permanentes, únicamente podrán hacerlo para trabajos especializados.
Después de dos años de análisis legislativo, y tras un acuerdo del gobierno federal con empresas y sindicatos, el Senado y la Cámara de Diputados modificaron ocho leyes federales para regular el llamado outsourcing, incluso en trabajadores del gobierno federal.
Las modificaciones pasan al Ejecutivo federal, y una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las empresas que subcontratan personal de manera ilegal tendrán hasta 90 días para regularizar su situación, y contratar a sus empleados (insorucing) de manera formal; mientras las que ofrezcan servicios especializados deberán registrarse en un padrón controlado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que haga obligatorio que estén al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
Por su parte, el gobierno federal tendrá un plazo de seis meses para regularizar a todos sus empleados que están contratados por medio de empresas que subcontratan personas.
El reparto de utilidades para la subcontratación quedó aprobado en dos modalidades, una que obliga a dar tres meses de salario; o la segunda, el promedio de lo recibido en los últimos tres años. Se tomará la opción que resulte más alta y mejor para los trabajadores.
El objetivo de la reforma es eliminar prácticas ilegales que disminuyen las obligaciones de los empleadores, además de poner al corriente a empresas que evaden al fisco por medio de la subcontratación ilegal.
De acuerdo con el senador morenista, Martí Batres, al poner en cintura a las empresas al regularizar a sus trabajadores, el gobierno podrá recaudar unos 21 mil millones de pesos anuales.
El presidente de la Comisión del Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia (Morena) resaltó que el contenido del dictamen eliminará la desigualdad laboral y la pobreza en la que se han desarrollado millones de personas trabajadoras.
El senador panista, Gustavo Madero sostuvo que la medida mejora la productividad sin afectar derechos de los trabajadores y sin afectar las finanzas públicas.
Beatriz Paredes, senadora por el PRI, también aplaudió la reforma y afirmó que la legislación es un avance verdadero.
El senador independiente, Emilio Álvarez Icaza manifestó que se acaba con la perversa dinámica de convertir al trabajo en una mera mercancía.
Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez (PAN) sostuvo que se beneficiará a dos sectores: 5 millones de trabajadores subcontratados de manera ilegal por las grandes empresas; además otro sector -a los ricos- porque ya no tendrán que repartir el 10 por ciento de sus utilidades.
Por: Misael Zavala
dhfm