Los resultados de la auditoría al aeropuerto de Texcoco “de ninguna significa un ataque a la investidura presidencial”, aclaró Agustín Caso, quien fuera auditor especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Caso Raphael fue separado de su cargo, en tanto se investiga si hubo alguna ilegalidad al fijar en 331 mil millones de pesos el costo de cancelar esa obra.
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“Manifiesto con firmeza que no existió dolo o motivación política… No vengo a defender a capa y espada una cifra, sino a poner en la mesa por qué se presentan, a la vez, dos ópticas distintas”, indicó en su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
Agustín Caso reconoció que existe una laguna legal para valorar la cancelación de una obra como esta.
Por ello, pidió a los diputados reformar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para precisar la fórmula.
Recordó que la auditoría sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no incluye pliego de observaciones como cuantificación de daños a la hacienda pública; tampoco se promovieron sanciones.
“No existe ni existió la intencionalidad de imputar una conducta ilegal a un ente o a un gobierno. No se presenta una cifra definitiva, se señala un daño materializado porque el proceso de cancelación aún no concluye”, indicó.
Ejemplificó las diferencias numéricas al usar dos métodos de cálculo.
Si en la liquidación de la Fibra E (un instrumento financiero), se incluyen costos de oportunidad, la cifra se ubica en 34 mil millones de pesos. Si se usa un criterio contable, la cifra bajaría a 4 mil millones de pesos.
La recompra de bonos emitidos se estimó en 50 mil millones de pesos, incluyendo todos los costos; si se consideran solo los indirectos, la cifra baja a 15 mil millones de pesos.
“No es pertinente en este momento procesal dar cifra nueva que quiere establecerse como verdad inamovible”, concluyó.
Por: Nayeli Cortés
dhfm