La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco emitió una recomendación al confirmar que sí hubo violencia de género de tipo sexual, además de agresiones laborales e institucionales en contra de una funcionaria pública en el Ayuntamiento de Tototlán.
Fueron 15 servidores públicos involucrados, entre ellos los dos jefes principales de la víctima: el alcalde Sergio Quezada, el director de Padrón y Licencias, todos ejercieron conductas de hostigamiento sexual y acoso laboral contra una servidora pública.
“Se advierte que el ejercicio de poder en el hostigamiento sexual se caracteriza por humillar y lastimar a las víctimas. Los elementos de estas agresiones son la imposición, el asalto, la intimidación o la fuerza y el dominio. Así, las personas más vulnerables de sufrir hostigamiento y acoso sexual son quienes carecen de poder o se encuentran en una situación de subordinación o dependencia. Se trata de un ejercicio de poder porque la víctima es cosificada por su agresor, quien intenta someterla a su voluntad y despojarla de su capacidad de elección, aprovechándose de la subordinación en la que se encuentra”, expone la CEDHJ.
La víctima contaba con audios donde los funcionarios públicos se dirigían a ella con un lenguaje agresivo sexualmente, eran verídicas y abusivas.
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“Son constitutivas de violencia laboral, conocida como mobbing o acoso laboral con miras a excluirla de su centro de trabajo y afectarla moralmente. Así como las etiquetas y estereotipos de género utilizados en la dependencia pública para descalificar la denuncia de violencia sexual, las cuales constituyen métodos de control para segregarla socialmente, desprestigiarla y despojarla de la credibilidad social, de la dignidad y reputación que el imaginario social les atribuye a las mujeres”.
La funcionaria pública involucrada al verse sobrepasada por el ambiente laboral hostil decidió solicitar licencia y hasta el momento no le han sido pagados sus percepciones económicas.
Durante la investigación se confirmaron también omisiones y la aquiescencia por parte de diversas autoridades municipales, 15 funcionarios en total. Incluso los agentes de Ministerio Público adscritos a la Fiscalía del Estado que intervinieron en la investigación se mostraron omisos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos recomendó que se haga la reparación integral del daño, que se otorguen todas las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición que resulten procedentes. Además que se le pague a la mujer sus salarios caídos.
Por Adriana Luna
GB