Oposición va por nuevas reglas para las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública

En la iniciativa se propone expedir la Ley Federal que regula la disposición de las Instituciones de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública

Oposición va por nuevas reglas para las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública
Buscan modificar el actuar de las fuerzas armadas del país. Foto: cuartoscuro

Las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados (PAN, PRI, PRD y MC) presentaron una iniciativa para establecer nuevas reglas en la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, con una “mínima intervención” y siempre bajo un mando civil; también, que su participación sea a petición de los gobernadores pactando un Acuerdo de Disposición con el Ejecutivo federal, y este no dure más de 18 meses.

Además, como un punto similar a la extinta Ley de Seguridad Interior del sexenio anterior, se propone que en la solicitud los gobernadores presenten un plan de retiro de las mismas, a fin de que puedan fortalecer a sus instituciones policiacas y no deleguen esta tarea a la federación.

En la iniciativa, presentada este miércoles en la Gaceta Parlamentaria y en conferencia de prensa de los coordinadores de las bancadas y por la diputada panista Laura Rojas, se propone expedir la Ley Federal que regula la disposición de las Instituciones de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública.

“La disposición de integrantes de la Fuerza Armada permanente para realizar tareas de seguridad pública se realizará bajo los principios de excepcionalidad, debido proceso, complementariedad, excepcionalidad, mínima intervención, temporalidad, territorialidad, garantía de derechos humanos, subordinación al mando civil y fiscalización”, señala el proyecto.

La iniciativa propone que los integrantes de las secretarías de la Defensa Nacional y Fuerza Aérea y la de Marina que participen en seguridad pública sólo puedan realizar “inspecciones, controles preventivos provisionales y diligencias que recaigan sobre propiedades y posesiones, por orden expresa y directa de la superioridad civil y bajo la dirección del Ministerio Público o en cumplimiento de órdenes judiciales”.

Sin embargo,  por ningún motivo podrán participar como medio de contención a la seguridad pública derivado del derecho a la manifestación pública y se les excluye en todo momento de la realización de labores de investigación para la prevención de delitos.

En cuanto al procedimiento, se propone que la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública sea a través de un Acuerdo de Disposición realizado por el Ejecutivo Federal “a solicitud que realicen de manera conjunta el gobernador de una entidad federativa en el ámbito territorial que le corresponda o los titulares de la Secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana por lo que corresponda al ámbito federal”.

“La vigencia del Acuerdo de Disposición será de dieciocho meses, como plazo máximo. En caso de que persistan las razones de la necesidad del despliegue del Grupo de Tarea, se deberá realizar una nueva solicitud, actualizando la información señalada en esta ley.

Para ello, los gobernadores tendrán que justificar en el acuerdo explicando por qué solicitan ayuda, las razones de la insuficiencia de la capacidad de las autoridades de seguridad pública federal, estatal o municipal, área geográfica y que presenten un plan de retiro de las mismas y “las condiciones para que el Acuerdo de disposición se termine, amplié o sea sujeto a una prórroga”.

“(la propuesta) va mucho más allá de la descalificación que se hiciera en su momento, de que criticábamos y no proponíamos nada. Esta es la propuesta de las oposiciones, muy clara, muy precisa, de darle certidumbre, certeza jurídica, basamento legal, regulación, fronteras, observancia y plena y respeto a los derechos humanos para que nuestras fuerzas armadas puedan seguir contribuyendo a la paz, a la tranquilidad a la seguridad pública, pero también tengan la confianza y la certidumbre de que están actuando dentro del marco legal”, dijo René Juárez, coordinador de la bancada del PRI, en conferencia.

En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas, se propone obligar a la Fuerza Armada permanente a rendir un informe ante las Secretarías de Gobernación y la de Seguridad, así como a una de las cámara del Congreso sobre sus actividades derivadas del acuerdo.

“Asimismo, se propone un proceso de evaluación de las políticas públicas en la que las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de educación superior puedan evaluar las acciones implementadas por las fuerzas armadas, validar los indicadores en esta materia, evaluar el impacto de las políticas públicas, así como la letalidad en la intervención de la fuerza armada permanente en cada caso”, agregó Verónica Juárez, coordinadora de grupo del PRD.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados panista, reveló que cuando su compañera Laura Rojas presentó la acción de inconstitucionalidad sobre el papel de las fuerzas armadas en seguridad pública,  el gobierno federal prometió a la oposición que harían ellos una propuesta de legislación en la materia.

“Y esperamos de septiembre a diciembre y esta iniciativa no llegó. En el camino nosotros fuimos construyendo lo que hoy estamos presentando porque creemos que hay que llegar a este vacío”, dijo.

Argumentó que con la presente iniciativa se busca, primero, “darle certeza a la población; el segundo es darle certeza al Jefe del Estado mexicano en su actuación; el tercero es darle certeza a las Fuerzas Armadas de nuestro país; por otro lado, el que podamos tener todos los instrumento viables para que la autoridad local como federal pueda estar interviniendo”. 

Por Iván E. Saldaña y Nayeli Cortés


FAL


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