La gran promesa sexenal del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de tener agua saludable y limpia para la zona metropolitana de Guadalajara, se ha quedado en papel, al llegar al tercer año de su gobierno. Ahora, el saneamiento del Río Santiago pretende ser un plan de largo alcance y con cumplimiento hasta el año 2050.
El afluente, el más contaminado de Latinoamérica, sigue con espumas, lirio, olores fétidos y proliferación de fauna nociva, incluidos enjambres de mosquitos y un aumento de padecimientos, principalmente renales, en los habitantes de la cuenca.
Su primer día de mandato, el 7 de diciembre de 2018, Alfaro Ramírez se comprometió a destinar en su administración tres mil 418 millones 300 mil pesos para sanear y reducir la contaminación de la cuenca, de los cuales, mil 968 millones procederían del gobierno federal y mil 450 millones del estatal.
Sin embargo, actualmente las plantas de tratamiento no están en operación o las que sí operan, lo hacen a una capacidad mínima y con un costo de 170 mil peso al mes para los municipios.
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Como las aguas tratadas se vierten de nuevo al afluente, que se mantiene contaminado, así, tanto esfuerzo y gasto de recursos públicos resultan infructuosos. A pesar de la limpieza que se hizo del lirio, al menos desde año y medio, no se ha retirado esta maleza que provoca estancamiento y olores fétidos en el afluente.
Alberto Casas Reynoso, quien fuera el encargado de la operación de limpieza en esta cuenca en la Comisión Estatal del Agua, y que hace más de un año dejó el cargo por no ver avances, sin poder justificar la inactividad en el lugar, explicó que el retiro del lirio y demás maleza se inició con fondos tanto del Sistema Intermunicipal de Agua Potable (Siapa) como de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), pero desde poco más de año y medio, como parte de la reprogramación presupuestal por la pandemia de la COVID-19, cesaron en la limpieza.
“Se abandonaron las plantas tratadoras de agua porque los municipios no solventaron el pago de la energía eléctrica de cada una de las tratadoras; por eso se abandonaron. Y si iba a llegar el estado –que no es de su competencia– a invertir en los municipios, primero, iba a agotar la cuenta pública; segundo, ¿para qué vas y les rehabilitas lo que no pueden sostener?, porque el problema es que los municipios no tienen para pagar la energía eléctrica. A lo mejor trabajarían tres o cuatro o hasta cinco meses, pero luego las abandonan”, detalló.
“La única planta que estaba funcionando al 100, era la de Juanacatlán, pero ya no podían sostenerla, más porque el municipio ya no da más dinero. Ahí el Siapa les metía algo de inversión, al igual que en El Salto, pero al final, limpian el agua, pero la vuelven a verter en donde está sucia. Entonces, no tiene ningún sentido”, explicó.
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Casas Reynoso también recuerda que en alguna ocasión, se buscó que se aprovecharán opciones limpias de saneamiento. Un ejemplo fue la invitación que en su momento se giró para que el gobierno del estado observará los procesos de Israel, pero ignoraron la invitación a pesar de que se ofrecieron a pagar los gastos del viaje.
En su tercer informe de gobierno, Enrique Alfaro mencionó que en los últimos tres años se invirtieron mil 800 millones de pesos para poner en operación 17 plantas de tratamiento para sanear la zona del río Zula y la planta alta de la subcuenca del Santiago, y que había una capacidad de saneamiento de 64 por ciento, que al tercer informe aumentó a 71 por ciento.
Sin embargo, en su mismo informe se reconoce que desde hace más de cinco años, las descargas a cielo abierto han aumentado por el aumento poblacional de las zonas urbanas y que la capacidad de la planta de tratamiento del Ahogado está rebasada actualmente se ubica en ocho litros por segundo, capacidad que se mantienen desde 2008– y que se han hecho otras obras como colectores, pero las descargas de agua tratada se vierten directamente al Santiago lo que lo contamina nuevamente.
El 5 de febrero de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la población de las zonas aledañas del Río Santiago.
Sin embargo, el Estado Mexicano no tiene avances, ni ha presentado un plan integral para atender estas medidas, a casi dos años de que se emitieron las medidas. Tan sólo han sostenido seis reuniones de seguimiento, incluida una visita en la zona de la cuenca, en mayo de 2020, con personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Raquel Gutiérrez Nájera, presidenta del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), e impulsora de esta petición junto con los habitantes de esta cuenca, señaló que el próximo 15 de diciembre se presentará el reporte ante la CIDH, como parte del seguimiento de estas medidas y que será en febrero de 2022 cuando se emita un nuevo pronunciamiento que incluso podría implicar llevar el tema ante la Corte Interamericana.
“En la cuenca del Lago de Chapala, que tiene 19 plantas de tratamiento, solamente funcionan dos, lo cual no impacta en el saneamiento del Santiago. En El Salto y Juanacatlán, se cuentan con tres plantas de tratamiento con una capacidad de 92 litros
por segundo y que sólo se tratan 52 litros por segundo, pero de estas sólo funciona una”, lamentó.
Añadió que en el tercer Informe de Enrique Alfaro, el apartado sobre este tema carece de indicadores para medir avances, y en las 19 plantas, se indica que iniciarían a funcionar a finales de este año, pero a menos de un mes para que se concluya en 2021, la realidad es distinta.
Finalmente, sobre el plan de saneamiento al año 2050, que ahora plantea el mandatario estatal, Raquel Gutiérrez insiste que está lejano a ser un proyecto real e integral, en donde además, deja de lado la salud de los habitantes, sin médicos de barrio, con derivaciones a hospitales lejanos, sin medicamentos o espacios dignos de atención y con el aumento de padecimientos crónicos, renales y enfermedades de la piel, entre otras muchas afecciones que por años han padecido los habitantes, vecinos de este cultivo de contaminantes que trasladan el afluente.
“Es un plan que parte de una colaboración interinstitucional, pero que aún ni en ese ámbito tiene un instrumento legal regulatorio de largo alcance que garantice que esto se va a realizar al 2050, como es su visión”, concluyó.
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