El consejero del Instituto Nacional Electoral, Jaime Rivera, aseguró que la controversia constitucional que la institución envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ver con el recorte de presupuesto que enfrenta este órgano para el próximo año.
Indicó que el dinero que se prevé para el INE durante el 2022 no es suficiente para que se puedan llevar a cabo las obligaciones que tiene.
Dentro de las situaciones que no se podrán llevar a cabo sin estos recursos, indicó, se encuentra la consulta ciudadana por la revocación de mandato.
Por tal motivo, el INE ha buscado que la Corte le dé una salida al asunto, ya que no se puede tomar como argumento para no darles el presupuesto suficiente los salarios de sus funcionarios.
"Los sueldos están protegidos por el Poder Judicial", dijo.
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Indicó que tampoco se puede hablar de los fideicomisos de la institución, debido a que estos están protegidos legalmente, tienen fines específicos y además son insuficientes para cumplir con la realización del plebiscito en el que se determinará si el pueblo de México quiere que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en el cargo.
Dijo además que la Cámara de Diputados actúa en contra del cumplimiento de la consulta por la revocación de mandato, ya que en primera instancia buscó su aprobación, pero no permitió que se contarán con los recursos que hacen falta para ello.
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