Aunque la crisis de salud mental que vivimos se agudizó, no se engendró durante la pandemia. Desde 2019 entró en vigor la NOM-035-STPS-2018, como respuesta a los riesgos psicosociales en el trabajo y los lineamientos de trabajo decente que establece la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, una de las razones por las que la salud mental se agudizó durante la pandemia fue porque la estabilidad financiera de las clases medias altas y altas se vio afectada.
El burnout, de los eslabones más bajos, parece no ser suficiente para influenciar la toma de decisiones, pero una cosa muy distinta ya es recortar los sueldos a los puestos de alto nivel, a aquellas personas que tienden estar cubiertos por una red de garantías que los distancia de la vulnerabilidad: seguros de gastos médicos, ahorros, acceso a abogados y redes de contactos. Cuando la pandemia superó incluso eso, entonces la salud mental sí se logró colocar en el radar de prioridades.
El término “salud mental”, casi como la palabra “empoderamiento” se ha usado y abusado hasta llegar a no significar nada. Existe un desconocimiento preocupante sobre las diferentes condiciones, sus cuadros clínicos y ramificaciones, tanto a nivel personal como a nivel organizacional.
¿Qué hacen las empresas por sus trabajadores?
Ninguna empresa u oficina de gobierno negará que tiene un compromiso con el bienestar de sus trabajadores, pero un estudio de la UNAM revela que el 85% de las organizaciones mexicanas no tienen las condiciones adecuadas para que sus colaboradores tengan un balance entre la vida y el trabajo. Siendo así, de un protocolo de bienestar y salud mental, no puede ni hablarse.
El problema, sin embargo, es de política pública, tanto en el frente del estigma como de la accesibilidad. De repente, la pandemia arrojó que “la salud mental es importante” a una política embriónica que comenzaba a normativizar el bienestar psicoemocional de los trabajadores con pasos muy modestos.
No existen conversaciones abiertas sobre la salud mental y la psiquiatría, al ser un campo de la medicina que evoluciona más lento que otros, ofrece soluciones de “prueba y error”; lo que funciona para un paciente puede no funcionar para otro o incluso hacerle daño.
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La Salud Mental cuesta, y se debe hablar de ella
Legislar sin entender estos matices puede resultar en una agenda de salud pública desprovista de una estrategia de salud mental accesible e integral.
Por lo tanto, incluso si alguien tiene una incapacidad fundamentada por una crisis de salud mental que requiere hospitalización, es poco probable que alguien de clase media pueda pagar esa factura, ya que los seguros de gastos médicos no cubren temas psiquiátricos.
Ahora bien, los tratamientos psiquiátricos son largos y requieren seguimiento, por lo que el costo de las consultas suele multiplicarse sin ver una mejoría en el paciente a corto plazo.
Cabe destacar que un antidepresivo tarda, en promedio, de una a tres semanas en comenzar a hacer efecto, tomando en cuenta que muchas veces, la dosis o el medicamento debe reajustarse. Aunado a esto están los costos de los medicamentos, ya sean antidepresivos, antipsicóticos o estabilizadores de ánimo.
Desde el ámbito institucional, hacen falta más conversaciones, más datos y más empatía para definir, desestigmatizar y tratar el tema de la salud mental, resultando en normatividad y en protocolos con puntos de acción claros y recursos a los que puedan acceder todas las personas.
Desde el ámbito de políticas públicas, es imperativo legislar por una política de salud mental accesible, para que las aseguradoras cubran los temas psiquiátricos, para que se subsidien medicamentos patentados, para que no existan quienes “no pueden estar deprimidos, porque no les alcanza”.
Por: Paola Schietekat Sedas, economista conductual, Lic. en RRII y Antropología por la Universidad Americana de Kuwait y maestra en políticas públicas por la Universidad de Oxford. Twitter @paola7kat