El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó extender la vigencia de las credenciales para votar que oficialmente son válidas hasta el 1 de enero del 2022, a fin de que puedan utilizarse en las elecciones locales del 5 de junio en seis estados y también en la eventual consulta de revocación de mandato presidencial, prevista para el 10 de abril.
El acuerdo aprobado unanimidad de votos en sesión de este viernes extiende la vigencia de casi 4.5 millones de credenciales hasta el 11 de abril, es decir, un día después de la eventual consulta de revocación; y hasta el 6 de junio la vigencia de 573 mil 489 credenciales, un día después de las elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
“De esta manera, entonces, tenemos dos conjuntos, uno: todo el país con 4 millones 492 mil 552 que se les mantiene su vigencia hasta el día siguiente de la revocación; y en seis entidades, que la vigencia se mantiene hasta que ocurra la jornada electoral local”, explicó el consejero Ciro Murayama, quien propuso el proyecto.
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El acuerdo también contempla que las mismas credenciales puedan usarse en las elecciones extraordinarias que se celebren con motivo de los procesos electorales locales 2021-2022.
La credencial de electoral tiene una vigencia por diez años. Al respecto, la consejera Norma de la Cruz planteó extender el periodo de la misma hasta, el menos, 12 años, reformando para ello el artículo 256, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Lgipe).
“Sólo quiero compartirlo como una reflexión que considero que valdría la pena que para la próxima reforma electoral sea revisada la duración de la vigencia de la credencial de elector. Esto puede ser, por ejemplo, 12 años, y que se establezca que en el artículo 256 se coloque un recuadro de color de color rojo con el mes que sería a partir de septiembre para que concuerden con las campañas anual intensa, así como el año para iniciar la renovación de su credencial”, dijo.
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Planteó que extender dos años, además de otras razones, “permitiría ahorros marginales, pero finalmente ahorros, porque se amortizaría en dos años y medio la renovación que se realizaría normalmente en un año”.
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