Salvador Mejía, socio director de Asimetrics y experto en Prevención de Lavado de Dinero, afirmó que existe un animus presidencial en contra de Emilio Lozoya, que por ese motivo fue que se logró apresar al exdirector de Pemex.
En entrevista para Heraldo Radio en “Bitácora de negocios” con Mario Maldonado, detalló que en tan sólo una audiencia se logró comprobar algo que se sabía, que existía la posibilidad de fuga por parte de Lozoya, pero esto se pudo "porque fue tanto el enojo del presidente Andrés Manuel López Obrador y la presión social que tuvo que ordenar que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera trabajaran juntas para dar la vuelta a la situación jurídica del exdirector de Pemex".
Dijo que durante casi año y medio de que estuvo en libertad "enfrentando" su proceso, Lozoya nunca logró cumplir el acuerdo que tenía con las autoridades, porque no entregó los nombres ni las pruebas, además de que no existía la posibilidad de que reparara el daño.
"La defensa de Lozoya dijo que el exfuncionario cuenta con dos casas para reparar el daño, pero una de ellas la compró con los sobornos de Odebrecht, y no puedes reparar el daño con algo que adquiriste de manera ilícita", sentenció.
Por otro lado, el especialista explicó que en este caso hay ganadores y perdedores, pero quien sin duda se queda como el gran ganador es Santiago Nieto, titular de la UIF, porque desde el principio ha hecho lo correcto y mostrado una y otra vez que cuentan con las pruebas suficientes en contra de Lozoya.
"Sin embargo, los grandes perdedores son el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y el presidente López Obrador, porque afirmaron que Loyoza iba a presentar las pruebas suficientes para encarcelar a los exfuncionarios que causaron un daño al erario, pero nunca se vieron. Realmente, el gran perdedor el sistema de procuración de justicia de México", afirmó.
Sobre los delitos que se le imputan al exdirector de Pemex, aclaró que son cohecho, delincuencia organizada y lavado de dinero, pero podría alcanzar una sentencia de más de 30 años de prisión, pero que el proceso podría tardar hasta dos años e incluso prolongarse una vez que haya terminado el sexenio de López Obrador.
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