El acuerdo que publicó ayer el gobierno federal para catalogar como seguridad nacional la ejecución de obras, incentiva la corrupción, alertó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En comunicado, el consejo apuntó que el acuerdo no está debidamente fundamentado ni motivado, además de que excede la ley en la definición de seguridad nacional.
Asimismo, añadió que puede usarse para evitar obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
El Consejo advierte que evade diversas normas constitucionales y legales que tienen por función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia y acceso a la información pública, la libre concurrencia, los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores condiciones de contratación con recursos públicos, la división de poderes y la lucha contra la corrupción.
El acuerdo presidencial abarca proyectos indeterminados asociados a infraestructura de la gran mayoría de los sectores y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
Esto sin tomar en cuenta que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen y, en todo caso, por decisión del Poder Legislativo, que representa la pluralidad democrática en México, por lo que este acuerdo pone al Ejecutivo por encima de la ley, apunta la agrupación que encabeza Carlos Salazar Lomelín.
Decreto de AMLO significa regresar a México a los años 50, asegura el PAN
FOTO: Especial
Decreto para blindar obras de AMLO es una aberración, asegura académica de la UNAM
El CCE destaca que la Ley de Seguridad Nacional actual no considera a las obras de infraestructura como un riesgo para la seguridad nacional.
Expone que sí contempla cuestiones de máxima importancia y gravedad, como la protección de la nación, preservación de la soberanía e independencia en defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio.
Asimismo, señala que el Acuerdo instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional (emitida en un plazo de cinco días hábiles).
“Esta decisión prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que sería irreversible y que dejaría a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión”, apunta.
Por eso el CCE manifestó su rechazo e hizo un llamado a defender la legalidad y el Estado de Derecho para proteger el medio ambiente, la seguridad pública y los derechos humanos.
“Son garantías que no pueden estar sujetas a la discreción de las autoridades en turno, ya que este acuerdo afecta la toma democrática de decisiones”, finalizó el documento.
Sigue leyendo:
Morena pide al INBAL eliminar cualquier forma de discriminación en el teatro
PAN vuelve a proponer dar apoyos de 3 mil 200 pesos a personas en pobreza extrema en la CDMX
Proponen Ley de Ingreso Mínimo Vital para “situaciones especiales”