Por unanimidad, la legislatura del Estado de México, aprobó exigir al gobierno estatal su intervención urgente para a la comunidad de Lomas de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, donde más de 45 mil habitantes, enfrentan el riesgo de que sus viviendas se deslaven, además de problemas de salud y ambientales ocasionados por un relleno sanitario y un centro de tratamiento de residuos.
El diputado Max Agustín Correa Hernández, explicó las viviendas de dicha comunidad enfrentan graves problemas de hundimientos, deslaves y fracturas estructurales, por colindar con el relleno sanitario de San José Huilango y con el centro de tratamiento de residuos sólidos, denominado Santa María Tianguistenco.
El legislador explicó que en el conjunto urbano, existen 12 escuelas, más 11 mil casas de interés social, que fueron adquiridas por los colonos a través de INFONAVIT, FOVISSSTE e ISSFAM, que están en están en un riesgo latente de deslavarse junto con el lomerío en el que están asentadas, porque el suelo debajo de las casas es arcilloso, y podría desmoronarse.
Precisó que las viviendas fueron construidas por empresas como Profusa Cuautitlán, S.A. de C.V., Desarrollo Metropolitano y CAME, “Estos estragos se deben a la mala planeación de los asentamientos habitacionales por las constructoras privadas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y las empresas desarrolladoras, pero posiblemente por el contubernio con autoridades estatales y municipales que en su momento facilitaron las condiciones para la obtención de permisos de construcción por allá del año 1999”.
Max Correa señaló que el conjunto fue autorizado en terreno no apto para la construcción de vivienda por cuatro factores: inestabilidad del suelo, ocupación de lomerío, ubicación cercana a dos tiraderos de basura, construcción con mala calidad de materiales y falta de servicios básicos.
Destacó que por más de tres lustros, los vecinos han emprendido batallas legales para buscar justicia y respeto a sus derechos humanos, han obtenido resoluciones de autoridades federales donde reconocen sus derechos a una vivienda digna y decorosa, al acceso a la salud y a un medio ambiente sano.
Sin embargo, las autoridades estatales, se han limitado a echarle la culpa al gobierno municipal, pese a que estudios técnicos determinan un latente riesgo en las viviendas.
“Hoy enfrentan problemas de salud por gases emitidos por la basura o químicos vertidos en el relleno”.
Puntualizó que los colonos han interpuesto más de 15 juicios administrativos, amparos y denuncias penales, y que han ganado, a excepción de la materia penal, donde la Fiscalía Mexiquense ha desechado los hechos constitutivos de delito, de servidores públicos que en su momento otorgaron permisos de construcción o bien de particulares por incumplir las normas mínimas de construcción.
“Pese a la exigencia de sanciones contra las constructoras, la autoridad estatal se limita a decir que no son competentes o simplemente no quieren hacer nada, pues autorizaron la construcción del conjunto urbano, y por lo tanto, implica revocar sus propios acuerdos”.
El diputado de Morena señaló que la grave situación de este conjunto incluso ha sido tema de tesis de la UNAM, IPN, UACM, Universidad Iberoamericana y la Universidad Hafencity de Hamburgo Alemania, que han documentado el grave riesgo en que viven los habitantes de dicha comunidad.
Por: Leticia Ríos
