Esta semana anunciaron que quedaban suspendidas de manera definitiva las visitas al centro arqueológico de Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo luego de que el Gobierno de Perú cediera la venta de las entradas a la empresa Joinnus. Sus pobladores se manifestaron al señalar que esto se trataba de una "privatización sistemática".
Durante cuatro días los peruanos se manifestaron cerrando negocios y boqueando los accesos para impedir la concesión asegurando que quedaría cerrado de manera definitiva para el público.
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La ministra de Cultura de Perú, Leslie Urteaga señaló que esta protesta "es producto de unos pocos que quieren seguir sacando provecho del patrimonio cultural". Pese al mensaje de la funcionaria, transportistas, pobladores y comerciantes se unieron en contra de esta acción exigiendo que se anule el contrato que los perjudica en el turismo.
Reanudan acceso a turistas tras llegar a un acuerdo
La ministra de Cultura de Perú, Leslie Urtega anunció que este miércoles se reanudan las visitas al centro cultural para turistas y vecinos al llevar a cabo una mesa de negociación entre las autoridades de Cusco y los pobladores.
En un mensaje la Urtega anunció que tenía una buena noticia para Perú "se levanta el paro, tenemos que seguir adelante nuestra economía, para las personas que han dejado de visitar estos días y se mantienen en Cusco puedan regresar a ver la maravilla que tenemos".
Los trabajadores dejaron atrás el paro de labores de manera anticipada debido a que la funcionaria resolvió las solicitudes de un pliego petitorio en el que requerían incorporar a la comunidad a este sevicio y abrir otros caminos para el turismo.
La empresa Joinnus se puso a disposición de las autoridades ante el descontento por el encargo de la venta y recepción económica de los boletos para entrar al recinto inca. El Gobierno de Perú negó que dicha adjudicación fuera un tema de privatización e indicó que la decisión aludía facilitar la gestión de las visitas y limitar el fraude a turistas en los accesos.
