Este jueves, la presidenta de Perú, Dina Boluartese se reunió con parlamentarios en Palacio de Gobierno durante su primer día de mandato, mientras que Pedro Castillo seguirá con detención preliminar por siete días. De acuerdo con el acta de registro personal de Pedro Castillo al momento de su detención, el expresidente llevaba 17 billetes de 100 soles en su billetera.
Solicitud de asilo político
En México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, dio conocer que el ex presidente de Perú, Pedro Castillo ratificó su solicitud de asilo a México. A través de su cuenta oficial de Twitter, el canciller anunció que el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, visitó al ex mandatario y señaló que lo vio físicamente bien en compañía de su abogado.
De igual manera, el canciller sentenció que se le dirigió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que se le pide “considerar otorgar asilo al ciudadano Pedro José Castillo Terrones” debido “la persecución infundada de órganos de justicia que han tomado un carácter político en sus actuaciones respecto a esa persona”.
"Castillo ha ratificado la solicitud de asilo recibida en la Embajada de México esta madrugada (2 am) misma que les anexo para conocimiento de la opinión pública. Hemos procedido a iniciar consultas ante las autoridades peruanas. Les mantendré informados”, dijo Ebrard en su cuenta oficial de Twitter.
El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley ordenó este jueves siete días de detención preliminar para el expresidente Pedro Castillo, quien está siendo investigado por la presunta comisión del delito de rebelión, tras anunciar el cierre del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia.
"Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, dispone siete días de detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración)", anunció el Poder Judicial en su cuenta oficial de Twitter.
Checkley evaluó esta mañana, en una audiencia virtual, el requerimiento fiscal que solicitaba esta medida contra el exmandatario, quien desde el miércoles se encuentra retenido en un penal de Lima, el mismo donde el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) cumple una condena de 25 de cárcel.
En la resolución, compartida por el Poder Judicial, el juez también declara la "legalidad de la detención" de Castillo y establece que el plazo de detención judicial "estará vigente del 7 al 13 de diciembre".
Durante la audiencia, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán aseguró que "queda evidente la alta probabilidad de fuga" del expresidente, tras mencionar la intención de Castillo de dirigirse a la Embajada de México para pedir asilo, algo confirmado por el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador.
Huamán indicó que la detención del ex jefe de Estado es "necesaria" para asegurar los actos de investigación y acusó a Castillo de haber pretendido cambiar el modelo de Estado de derecho establecido en la Constitución, de manera ilegal y dolosa.
En la audiencia también participó virtualmente Castillo, quien estaba acompañado de su abogado Víctor Pérez y de su ex primer ministro Aníbal Torres, quien también ejerce su defensa.
Al término de la audiencia, Checkley le dio la palabra al exmandatario, pero este se limitó a afirmar "eso es todo", en alusión a lo dicho por sus abogados.
En su intervención, Torres aseguró durante la detención de Castillo nunca se empleó algún "medio coactivo o coercitivo", pero insistió en que en este proceso "se está violando flagrantemente el principio de legalidad" al considerar que en ningún momento se acreditaron los delitos imputados al expresidente.
En esa misma línea, Pérez sostuvo que el anuncio de Castillo sobre el cierre del Parlamento no implicó un levantamiento en armas que requiere, según dijo, el delito de rebelión y negó que exista peligro de fuga, por lo que solicitó al juez que declare infundado el requerimiento del Ministerio Público.
"Las declaraciones de mi patrocinado en su mensaje no configuran el delito de rebelión (...) ¿Cómo puede una persona querer fugarse cuando no ha cometido los presuntos delitos que le están imputando?", señaló Pérez.
El Ministerio Público anunció el miércoles el inicio de diligencias preliminares contra Castillo por rebelión y conspiración, mientras el exmandatario permanecía detenido en la Prefectura de Lima por presuntamente "quebrantar el orden constitucional", después de dictar esta mañana el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional.
Esa orden ha sido interpretada mayoritariamente como un intento de golpe de Estado, incluso por los miembros de su gabinete.
La medida no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
Horas después, el Congreso debatió un tercer pedido de destitución en su contra, que finalmente fue aprobado por 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano.
El destituido presidente peruano Pedro Castilllo fue conducido este miércoles al penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, en el que también está recluido el expresidente Alberto Fuijimori, quien cumple su condena de 25 años de cárcel, mientras es procesado por rebelión y conspiración.
Después de permanecer varias horas detenido en la Prefectura de Lima, Castillo fue conducido en medio de un fuerte resguardo a un cuartel policial en el distrito del Rímac para abordar un helicóptero que lo llevó al penal de Barbadillo, como se conoce a la prisión policial ubicada en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes).
Según pudo constatar EFE, Castillo salió esposado de la Prefectura de Lima. Mientras era conducido a este establecimiento, un equipo del Ministerio Público, encabezado por la fiscal general, Patricia Benavides, y de la Policía Nacional hacía su ingreso al Palacio de Gobierno, como parte de las diligencias preliminares contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
De igual forma, la Fiscalía llegó a los locales de algunos ministerios para recabar documentación que contribuya a la investigación abierta contra el ex jefe de Estado.
Pedro Castillo es acusado de quebrantar el orden constitucional
El Ministerio Público anunció el inicio de estas pesquisas preliminares mientras Castillo permanecía detenido en la Prefectura por presuntamente "quebrantar el orden constitucional", después de dictar esta mañana el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional.
Esa orden ha sido interpretada mayoritariamente como un intento de golpe de Estado, incluso por los miembros de su gabinete.
La medida no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
Horas después, el Congreso debatió un tercer pedido de destitución en su contra, que finalmente fue aprobado por 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano.
Tras ser destituido por el Legislativo, Castillo fue detenido en un operativo supervisado por la fiscal Benavides, quien horas antes ya había condenado la decisión del ahora exjefe de Estado, la cual calificó de "quebrantamiento del orden constitucional".
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