Sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales de Colombia retornaron ayer a las calles para presionar al gobierno a negociar cambios económicos y sociales, dentro de las protestas antigubernamentales que se extienden por cinco semanas, mientras continúan estancadas las conversaciones entre las partes.
Los líderes de las protestas y el gobierno no han logrado un acuerdo que lleve al diálogo y a poner fin a las manifestaciones. El presidente Iván Duque exige que se levanten los bloqueos de carreteras que han parado el comercio internacional y provocado escasez de alimentos y combustibles.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) e integrante del Comité Nacional de Paro, Francisco Maltés, denunció que el gobierno está dilatando la firma de un preacuerdo que establece garantías para la protesta social, un requisito previo a la negociación.
El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Ardila, a cargo del equipo de negociadores del gobierno, insistió en que los bloqueos deben desaparecer porque no son una manera legítima de protestar.
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Sin embargo, Maltés respondió que muchos cortes de vías obedecen a demandas locales y regionales que se deben solucionar con alcaldes y gobernadores a través de diálogos.
Las protestas contra las políticas económicas y sociales de la administración de Duque, mayoritariamente pacíficas, han incluido saqueos, actos de vandalismo, bloqueos y enfrentamientos con la Policía que han dejado al menos 20 muertos en 36 días, según la Fiscalía, aunque grupos de derechos humanos aseguran que la cifra es mayor.
Las manifestaciones iniciaron en rechazo a un proyecto de reforma para subir los impuestos que ya fue retirado.
REUTERS y EFE
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