La oposición chilena presentó ayer en la Cámara de Diputados una acusación constitucional (juicio político) para destituir al presidente del país, Sebastián Piñera, tras las supuestas irregularidades en la venta de un proyecto minero desveladas en los Pandora Papers.
"Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el Presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad, y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la Nación", anunció el diputado socialista Jaime Naranjo, rodeado de representantes de todas las bancadas opositoras.
Para Tomas Hirsch, del izquierdista Acción Humanista, la acusación constitucional "marca un hito histórico" en Chile y fue presentada por "la oposición completa, unida, con convicción, con certeza, con responsabilidad y con todos los antecedentes en la mano".
"Tenemos que tomar decisiones pensando en Chile y no es soportable tener un Presidente acusado de esta manera por delitos de corrupción", agregó el democristiano Gabriel Ascencio.
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley chilena que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
Para que el mecanismo prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
Por EFE y Reuters
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