El esperado uso masivo del voto por correo, que debido al COVID-19 podría llegar a cantidades extraordinarias, ha provocado dudas y más de 300 juicios sobre las reglas de votación.
Nunca se había visto tal debate respecto a las posibilidades de interferencia extranjera o de trampa en las votaciones de un país donde el sistema se basa en la descentralización y confianza.
Pero si las instancias de "ataque cibernético" existen, las posibilidades de fraude son difíciles en un sistema donde 92% de las boletas tiene un "rastro de papel", dijo David Levine, Asociado para Integridad Electoral en la Alianza por Aseguramiento de la Democracia.
El lunes pasado, la Suprema Corte de Justicia ordenó que los votantes de Carolina del Sur tengan testigos de su voto en ausencia, aunque autentificó miles ya emitidos. El punto también es materia legal en el estado de Alabama.
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La fecha en que se reciba un voto está sujeta a juicio en los estados de Pensilvania y Wisconsin.
En Texas, el gobernador Greg Abbott enfrenta demandas porque buscó limitar los sitios de votación a uno por condado (municipio).
La gran afluencia de votos por correo, que podría llegar a 60 millones, está en la mira tanto por la posibilidad de sufragios ilegales, evocada por Trump, como por demoras en la entrega o el recuento.
En 2016, hubo casi 130 millones de votos emitidos, de los que casi 25% fueron por correo.
"El mayor uso de boletas por correo, debido al COVID-19, podría dejar a los funcionarios con resultados incompletos en la noche de las elecciones", aceptó Levine.
El recuento de votos debe ser certificado por las autoridades electorales locales y federales.
Levine explicó que todos los estados considerados como "bisagra" usan votos de papel.
"El director de la Division Cibernética del Departamento de Seguridad Nacional estimó que 92% de los votantes lo harán en boletas de papel que pueden ser auditadas", señaló Levine.
Pero los actores extranjeros podrían explotar el tiempo para certificar y anunciar los resultados, ya sea con ataques cibernéticos, infraestructura electoral dirigida y fraude, para crear controversia sobre la legitimidad o ilegitimidad.
Levine dijo que "han tomado medidas para garantizar que el voto en persona no se detenga".
Paralelamente, se desarrollan 300 juicios sobre reglas de votación, donde algunos buscan limitar la fecha de recepción por correo, la forma en que deben ser emitidos o la ubicación de casillas.
Por José Carreño