El próximo 6 de junio se realizarán las elecciones más grandes de México, en las que se renovarán 20 mil 792 cargos públicos en todo el país, por ello es importante que los ciudadanos estén informados de cómo pueden denunciar diferentes delitos electorales, como la compra de votos y cómo se castiga esta actividad.
De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la compra de votos es un delito electoral que puede ser castigada con multas que van desde los 50 hasta los 100 días multa, o de seis meses a tres años de prisión.
Según el artículo 7 de esta ley, la compra de voto es aquella práctica en la que se solicitan votos por paga, promesa de dinero u otra compensación, o bien mediante violencia o amenaza se presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o ya sea a votar o a abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición durante la campaña, el día o tres días antes de la jornada electoral.
Cabe señalar que la compra de votos también incluye el condicionar al electorado con la amenaza de quitar los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, votar por un candidato, partido o coalición, o bien por no acudir a votar.
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Las sanciones varían según el actor del que se trate, ya que mientras a un ciudadano se le puede multar con 50 o 100 días de salario mínimo y prisión de seis meses a tres años, a un ministro de culto religioso se le impondrían de 100 hasta 500 días de salario mínimo, si en el desarrollo de actos propios de su ministerio, o a quien en el ejercicio del culto religioso, presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición.
Por otro lado, un funcionario electoral se le puede imponer una pena de 50 a 200 días multa y prisión de dos a seis años, y a los funcionarios partidistas o candidatos de 100 a 200 días multa o prisión de dos a seis años. Finalmente, a los legisladores que incurran en la compra de votos, sus derechos políticos estarían suspendidos hasta por seis años.
brc