El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción presentó el informe del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual indica los avances de este sistema en las 32 entidades y en la Federación.
El objetivo del documento, presentado el viernes en la sede de la Secretaría de la Función Pública, es establecer una agenda de trabajo futura entre las instancias del Comité Coordinador Nacional y sus homólogos estatales.
Incluso, gran parte de los resultados acompañan la agenda delimitada por el equipo de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum y será clave para el liderazgo que tendrá la SFP y su próxima titular, Raquel Buenrostro.
Sobre las capacidades del sistema de justicia en materia anticorrupción se advierte la necesidad de fortalecer las habilidades especializadas en anticorrupción de las personas servidoras públicas.
Sobre el control de riesgos en el país, se dijo que se está a medio camino en la digitalización de trámites (52%) y debe reforzar el uso de reglas de operación (65% de los programas) y padrones de beneficiarios (63%) de programas como mecanismo de control de riesgos de corrupción.
Sobre la profesionalización del servicio pública se advierte que la administración pública la integran aproximadamente 5.8 millones de personas. De este total, un poco más de la mitad se beneficia de esquemas de profesionalización. Esto advierte la necesidad de un impulso importante a nivel Estado mexicano.
Sobre el presupuesto anticorrupción y su estandarización se cuenta ya con un Anexo Transversal Anticorrupción a nivel federal y previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; aspecto que es necesario se generalice en las entidades federativas.
Sobre la homologación de capacidades fiscalizadores, existe un uso amplio de la Normas Profesionales de Auditoría y Marco Integrado de Control Interno del Sistema Nacional de Fiscalización, aunque es necesario reforzar el uso de herramientas tecnológicas para mejorar las capacidades de las instancias fiscalizadoras.
Sobre los procesos de contrataciones públicas apenas 12 por ciento de los gobiernos estatales y municipales cuentan con un sistema similar a Compranet. Aunado a esto, 1.1 billones de pesos en contrataciones públicas se adjudican de manera directa. Sobre esto último, resultará de gran valía analizar de manera comprehensiva la restricciones y controles más eficientes para este tipo de compra, permitiendo que el Estado compre mejor y compre bien.
Sobre la participación ciudadana; es importante avanzar en el impulso a figuras como testigos sociales en procesos como la contratación pública, adquisiciones y obra pública.
Sobre los mecanismos de integridad en el sector privado; poco menos de tes cuartas partes de las empresas más importantes del país cuentan con políticas y prácticas en materia de integridad y anticorrupción, esto nos obliga a consolidar instrumentos como el Padrón de Integridad Empresarial, así como renovar las alianzas estratégicas gobierno-sector privado en pro de una cultura de la integridad generalizada.
Finalmente, se dijo que es necesario incentivar acciones para fortalecer la cultura de la denuncia, ya que la sociedad mexicana sigue sin creer en estos procesos y con ello se fortalece la normalización de la corrupción, ante la ausencia de canales adecuados y seguros para la denuncia.
También durante la sesión se aprobaron los formatos que regularán a nivel nacional los datos que deberán recabar las instancias públicas (cerca de 7 mil) respecto al tema de servidores públicos y particulares sancionados por la comisión de faltas administrativas graves, faltas de particulares y faltas administrativas no graves. Esto implica un avance en la homologación de información en la materia, permitiendo así reducir espacios a redes de corrupción. Con esta información, los órganos internos de control y los Tribunales de Justicia Administrativa podrán compartir información en tiempo real y bajo los mismos criterios con la ayuda de la Plataforma Digital Nacional.
Cabe hacer mención que la naturaleza de la Plataforma Digital Nacional permite—a diferencia de la Plataforma Nacional de Transparencia— que los órganos internos de control e instancias públicas de los Comités Coordinadores, estatales y nacionales, puedan hacer cruces de información en materia de evolución patrimonial y declaraciones de intereses de personas servidoras públicas; de procesos de contratación pública (personas servidoras públicas involucradas en los mismos; y de personas servidoras públicas y particulares sancionados. Con esto es posible diseñar mecanismo de alertas tempranas en casos de contratación indebida de servidores públicos sancionados, conflicto de interés y redes de corrupción en compras públicas en los diferentes órdenes de gobierno.
Actualmente, como se dio a conocer, ya se encuentran interconectados a esta plataforma 2,488 entes públicos, entre los cuales se cuentan 857 municipios. La Plataforma reúne así información de los ejecutivos estatales, poderes judiciales, así como de órganos constitucionales autónomos.
Por otro lado, la Secretaría Ejecutiva, como parte de los esfuerzos para detonar la usabilidad de la PDN, elaborará durante el tercer trimestre del año en curso dos informes. El primero ahondará sobre posibles casos, identificados con la información de la PDN, de actuación bajo conflicto de interés y ejercicio abusivo de funciones. El segundo informe versará sobre posibles casos detectados de contratación indebida y abuso de funciones, ambos informes serán de índole nacional.
Por último, se presentaron los avances del Mercado Digital Anticorrupción, el cual desde hace dos años tiene como objetivo democratizar las tecnologías principalmente a municipios que no cuentan con un sistema de declaraciones patrimoniales y de compras públicas, ya que a través de este mercado se pueden obtener en software libre diversos desarrollos en materia anticorrupción. Actualmente este Mercado ha provocado más de 200 mdp. en ahorros a las instituciones públicas del país.
EEZ
