La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) pretende modificar el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares y, de esta manera, legalizar la operación de los vehículos de las aplicaciones, como Uber y Didi.
Ante esta situación, taxistas de los aeropuertos y, principalmente los que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se han opuesto a la pretensión de la SICT porque supuestamente, quieren proteger sus privilegios, desean obstaculizar la libre competencia y que el bienestar de los usuarios no se encuentra entre sus prioridades.
Un grupo de taxistas autorizados en el AICM, que pidieron mantener su identidad bajo resguardo por temor a represalias, han denunciado los entresijos de una red de corrupción que existe entre los altos mandos la terminal aérea.
“El AICM, liderado por el contralmirante José Ramón Rivera Parga, designó al capitán de fragata Raúl Enrique Aguilar López y a la teniente de fragata Mariana Núñez Olivares, subdirector de terminal y la gerente de lo contencioso, respectivamente, para que coordinaran todo lo referente al tema, siempre, según Rivera Parga, “en estricto apego a las leyes vigentes”, afirmaron los operadores de taxi.
Taxis de aplicación se verían obligados a contratar una póliza de seguro para operar en el AICM
Créditos: Cuartoscuro
Los conductores además acusaron presiones de parte de las autoridades de dicha terminal aérea para que “acepten sin reservas la incorporación de los taxis de aplicación, deslizando ofertas económicas y aparentes beneficios de parte de esas empresas”.
A decir de los denunciantes, entre las condiciones de operación de los automóviles de app estaría la exclusión de la obligatoriedad de contratar una póliza de seguro del viajero, así como tampoco acreditarían las condiciones óptimas de los choferes y de los vehículos.
Tienen evidencia de la corrupción en el AICM
Ante la negativa de los taxistas concesionados, que ha exigido “piso parejo” y que no se diseñen normas legales “a la medida” de las empresas de aplicación, los funcionarios del AICM a los que se han señalado, ahora amenazan con rescindir contratos, de revocar los permisos de la SICT, de despojarlos de las taquillas que tienen en el interior del aeropuerto y de obstaculizar la operación de los taxistas autorizados.
Los taxistas autorizados que denuncian estos hechos dicen contar con evidencia. A decir de los denunciantes, existen grabaciones en las cuales se escucha a los funcionarios proponer que, sin esperar a ninguna modificación a las leyes vigentes, acepten que las aplicaciones comiencen a operar en una “prueba piloto” inicial de 6 meses.
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srgc
