Ley Federal Anticorrupción

La Secretaría de la Función Pública sanciona a licitantes

Informó que en el primer semestre fueron 124 multas

La Secretaría de la Función Pública sanciona a licitantes
Foto: Especial

De enero a junio de este año, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso 124 sanciones y aplicó multas por un monto global de 900 millones 783 mil 881 pesos a 120 licitantes, proveedores y contratistas del gobierno federal.

Ello, por infracciones cometidas a las leyes en materia de contrataciones públicas y a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (LFACP), especificó la dependencia federal.

Proporcionar información falsa en los procedimientos de contratación, la no formalización de contratos adjudicados e incumplimientos contractuales que causaron daños graves, fueron las conductas más recurrentes para la imposición de sanciones.

Lo anterior, de acuerdo con las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), precisó la Secretaría de la Función Pública.

Asimismo, se impusieron 12 sanciones a 11 empresas, en términos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, vigente al momento de los hechos, por haber realizado acciones que tuvieran por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en las contrataciones públicas de carácter federal.

Así como por haber realizado actos u omisiones para evadir requisitos o reglas establecidos o simular su cumplimiento en las mismas, agregó.

Estas sanciones, impuestas mediante los Órganos Internos de Control y la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, incluyen 82 inhabilitaciones que van de los tres meses a los siete años.

La Secretaría de la Función Pública, en cumplimiento al Programa Sectorial de Función Pública y al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, cuenta con atribuciones para llevar a cabo procedimientos de sanción a licitantes, proveedores y contratistas cuando infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas, lo que contribuye a prevenir e inhibir actos de corrupción.

 

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