Por María Fernanda Campa Uranga
La autora fue la primera ingeniera geóloga mexicana (egresada del IPN), fundadora del Instituto Mexicano del Petróleo, luchadora social (miembro del Movimiento Estudiantil de 1968) y fundadora del PRD, donde militó hasta que éste se desfondó (como ella misma decía) en 2006.
Conoció Pemex desde la entraña, donde trabajó casi tres décadas. Asesoró en temas de política energética soberana al entonces Presidente Legítimo Andrés Manuel López Obrador, como miembro del grupo Ingenieros Petroleros Constitución del 17, en 2008. En ese año, Francisco Barnés la demandó por difamación al exhibir en el pleno del Senado de la República el conflicto de intereses de éste, en la mesa de debate sobre reservas.
Este artículo, publicado en 2009 por el Comité de 68, era un vaticinio de lo que hoy podemos constatar que ocurrió en el sector petrolero. Pero aún está vigente como advertencia de lo que puede pasar con el sector de la energía eléctrica: CFE (y Pemex) debe ser incluida, bajo la rectoría del Estado, en las nuevas formas de negocios, para mantener una soberanía moderna que no entregue los contratos más rentables del mundo.
Para cualquier país, el sector energético es estratégico y tiene que estar regido bajo una política de estado. A continuación, su texto original e íntegro:
Este artículo está dirigido a todos y cada uno de los lectores interesados ??en comprender cómo opera Pemex, una empresa de todos los mexicanos, qué intereses beneficia y qué hacer con ella.
La energía en 1938 y 2012
Petróleos Mexicanos (Pemex) es la poderosa empresa mexicana surgida de la expropiación de las petroleras británicas el 18 de marzo de 1938. Históricamente ha sido dirigida por una tecnocracia designada por cada gobierno federal, y en las últimas décadas ha estado subordinada a la meca petrolera mundial controlada desde Washington y Houston, con base en los acuerdos de febrero de 1995 que hipotecaron a Pemex por US$52 mil millones entregados al gobierno mexicano. Desde entonces, las operaciones de Pemex han sido opacas, realizadas a través de acuerdos para satisfacer intereses concretos de empresas multinacionales, hasta hoy, cuando está al borde del colapso.
Los grandes descubrimientos de crudo y gas de la era Mesozoica en Chiapas-Tabasco y la Seno de Campeche a fines de la década de 1960, cuando se importaba crudo, hicieron crecer a Pemex a un máximo histórico sin igual hasta el día de hoy. Esto la convirtió en una de las compañías petroleras más importantes del mundo y, con mucho, la más grande de América Latina. Recordemos que esos importantes yacimientos fueron descubiertos por exploración hecha íntegramente por Pemex con recursos mexicanos a causa del boicot estadounidense en represalia por la acción republicana de expropiación de nuestros recursos petroleros.
La ominosa inconstitucionalidad de las operaciones actuales de Pemex se caracteriza por la caótica comercialización de crudo, gas, gasolina y petroquímicos manejada por un grupo de empresas denominado PMI, S.A. de C.V. En este contexto, el mercado negro de productos refinados crece día a día a través del robo de gasolinas, lubricantes, diesel, turbosina y turbosina que produce Pemex-Refinación. Otra forma que adopta el mercado negro es el contrabando de materias primas utilizadas para adulterar los productos y aumentar su volumen. Además, también han proliferado los establecimientos irregulares que se dedican a la venta clandestina de estos productos, aunque también se venden a través de franquicias legales de gasolina. Ante los aumentos en los precios de la gasolina y el diesel, los propietarios de automóviles, camioneros e industriales recurren cada vez más a combustibles robados o adulterados. Distribuidores oficiales de Pemex revelan cómo se promueve este mercado negro desde dentro de la propia paraestatal.
La modernización de Pemex
La llamada modernización y reestructuración de Pemex y del sector energético del gobierno bajo la dirección de McKinsey Company y otros consisten esencialmente en la privatización de las industrias petrolera y eléctrica a través de firmas consultoras y contratos con empresas multinacionales controladas desde Houston. Pemex no ha repetido la proeza de descubrir reservas tan importantes como las históricas, pero sí se ha sometido a reformas drásticas que han llevado a exportar casi un millón y medio de barriles de crudo diarios a Estados Unidos, ventas controladas por PMI-Comercio Internacional, S.A. de C.V. Este crudo no se refina en México para producir gasolina; más bien ha habido un rápido crecimiento en la importación de gasolina desde Estados Unidos: casi medio millón de barriles diarios. Además, cada día Repsol importa a nuestro país mil millones de pies cúbicos de gas: esto equivale a la mitad del consumo de las empresas extranjeras que operan en México, incluido el gas importado para la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 1
Contratos y artículo 27
En 2008, los esfuerzos por legalizar los contratos con empresas privadas junto con otras prácticas petroleras al margen de las disposiciones constitucionales permitieron adelantar el proyecto de ley del Presidente Felipe Calderón, para convertirlos en ley hasta el 8 de abril, poco antes del cierre de la sesión del Congreso. El problema que está retrasando proyectos de ley similares anteriores es el artículo 27 de la Constitución. Junto con los artículos 25, 26 y 28, este documento es absolutamente claro en cuanto a que la propiedad de nuestro petróleo está en manos del pueblo mexicano, bajo la dirección de la nación y que esa propiedad es directa, inalienable y no sujeta a cualquier estatuto de limitaciones. Esto significa que la Constitución pone a Pemex a cargo de todas las actividades relacionadas con la exploración y explotación, de manera integral y con exclusión de todas las demás.
Recordemos que el Congreso Constituyente de Querétaro de 1917 aprobó el artículo 27, que permitió exigir la propiedad pública de nuestros recursos petroleros. El artículo en cuestión atribuye a la propia nación el dominio original exclusivo de todas las tierras y aguas dentro de los límites nacionales, así como el principio del dominio directo e inalienable por parte de la nación sobre todos los recursos naturales del subsuelo. Esta epopeya legal llevó a las empresas petroleras a negarse a reconocer la Constitución de México de 1917. Estados Unidos no reconoció la administración de Venustiano Carranza ni las posteriores mientras se mantuvo intacto el artículo 27, y al mismo tiempo infligió un boicot internacional contra Pemex.
Poco después, el gobierno de Estados Unidos negoció los Acuerdos de Bucareli con Álvaro Obregón en 1923; y en 1925, los legisladores aprobaron la Ley Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución para el sector petrolero, reconociendo los derechos de las empresas internacionales al petróleo, con base en el principio de la no retroactividad de la Constitución, que es lo que estipulan los Tratados de Bucareli.
La presión de empresas extranjeras al amparo de distintas administraciones estadounidenses no ha cesado. Una carta del subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Spruille Baden, a su jefe, el secretario de Estado Walter Thruston, asegura que las petroleras finalmente han visto el momento de regresar triunfantes a México; que el Departamento de Estado no tiene preferencia por ninguno de ellos, pues sólo quiere que su regreso sea astuto y cauteloso porque probablemente los mexicanos le darían mucha importancia a mantener las apariencias; sin embargo, el gobierno mexicano está obligado a respetar el estado de derecho y proteger el subsuelo, que es propiedad de la nación; y si las empresas petroleras participaran en el desarrollo de la industria, tendría que ser a través de contratos, para que el gobierno mexicano no dé la impresión de que se están dando concesiones a intereses extranjeros. Aunque esta anécdota data de 1946, es sorprendentemente actual. 2
Los resultados de los ominosos siete decretos del Senado y las nuevas leyes inconstitucionales aprobadas en octubre de 2008, luego de 10 meses de debate, concuerda perfectamente con la observación de 1946. Esta reforma energética abrió aún más la puerta a las firmas extranjeras, intentando simular que el gobierno mantenía el control y que no estaba otorgando concesiones inconstitucionales. El discurso de las nuevas leyes no cancela el avance de la intención de otros proyectos de privatización, publicitados como “modernizadores”, pero con la clara intención de convencer a quienes no entienden —o prefieren no entender— a avanzar hacia otro, más reforma profunda que está en la agenda.
Como parte del proceso de privatización de Pemex, largo tiempo en proceso desde la primera reclasificación de productos petroquímicos en 1986, el 24 de mayo de 1989 se constituyó el Grupo PMI-Comercio Internacional como una empresa con participación mayoritaria del Estado. Su objetivo era ser la rama comercial de Pemex en el mercado internacional; maneja las importaciones y exportaciones de crudo y sus derivados de Pemex. Se crearon siete empresas y se les otorgaron licencias iniciales: PMI Services, BV (Países Bajos); PMI Holdings, BV (Países Bajos); PMI Holdings, NV (Antillas Holandesas, ahora en España); PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V. (México); Pemex Capital, Inc. (Delaware, EE. UU.); Kot Insurance Company, AG (Bermuda, ahora en Suiza); y III Servicios, S.A. de C.V. (México). Entre estos destaca PMI-Comercio Internacional, ya que su autorización fue firmada directamente por Ernesto Zedillo Ponce de León, ex secretario de Programación y Presupuesto del gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari, el 23 de mayo de 1989.
A nombre del Presidente Zedillo respaldó la solicitud de Pemex de crear la “empresa privada” PMI-Comercio Internacional; debido a esto, no es necesario dar cuenta de su actuación, lo que la sitúa al margen de la ley, así lo confirmó la Contraloría Federal en su auditoría de cuentas públicas de los años 2003 a 2006. La propia Pemex ha dicho al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI) que PMI no es su subsidiaria, aunque sus oficinas ocupan varios pisos del edificio de oficinas de la casa matriz de Pemex. Es más, cuando se tramitaba el recurso 299/08 presentado contra Pemex, la empresa manifestó que “Petróleos Mexicanos y [sus] subsidiarias, por su origen jurídico, tienen la doble naturaleza de organismos públicos y de personas privadas, y en este último caso, actúan de la misma manera que cualquier particular.” Además, lo que hoy se conoce como Grupo PMI, S.A. de C.V. funciona con diferentes empresas que utilizan esas iniciales en sus nombres: PMI Trading, Ltd.; PMI Norteamérica, S.A. de C.V.; PMI Holdings Petróleos España, SL; pmi Holdings, BV; PMI Servicios América del Norte, Inc.; PMI Pemex Servicios Europa, Ltd.; PMI Pemex Internacional España, S.A..; Servicios PMI, BV; PMI Holdings América del Norte, Inc.; y PMI Marine, Ltd. Las empresas de este grupo también son propiedad directa o indirecta de Petróleos Mexicanos, aunque no dan cuenta de sus acciones. El auditor Arturo González de Aragón declaró ante el Senado el 17 de julio de 2008: “Se encontró opacidad, complejidad y confusión en las inversiones de Pemex en acciones de empresas nacionales y extranjeras, que tienen múltiples fines; 21 de ellos no son transparentes; no se dan cuenta de sí mismos, y sus resultados no se revelan suficientemente en las cuentas públicas federales”.
La inconstitucionalidad es manifiesta, y la oscuridad sobre los ingresos y gastos petroleros internacionales es total, similar a como opera el crimen organizado, haciendo de esto un verdadero agujero negro.
¿Ahora dónde?
Debemos reconocer que urge una reforma para transparentar las transacciones de Pemex-PMI conforme a la ley; además, debe crear una estructura administrativa que ponga fin a la especulación financiera incontrolable en medio de la cual se desenvuelve. Nuestra época se caracteriza claramente por la sustitución del uso generalizado de combustibles fósiles altamente contaminantes —el petróleo del siglo XX y el carbón del XIX— por fuentes de energía alternativas, como la solar y la eólica, ahora en desarrollo. Pemex y la CFE han sido excluidas de estas formas modernas de negocios, lo que ha significado que estén confinadas y subordinadas a las corporaciones transnacionales que consiguen los contratos más rentables del mundo y así captan la mayor parte de la renta petrolera. Las centrales nucleares, presentadas como alternativas, también son obsoletas y altamente peligrosas, ya que surgieron durante la Guerra Fría para producir simultáneamente electricidad y plutonio para armamento. 3
Pemex y la CFE podrían tener un futuro promisorio en la producción de energía solar. Deberían reestructurarse para convertirlas en empresas modernas, activas, en la transición energética de México hacia la solar y la eólica —los viejos molinos renovados— que podríamos exportar hasta a los países del Norte. Deben derogarse las leyes manifiestamente inconstitucionales y otorgarse a ambas sociedades la independencia de gestión que requieren.
Notas
1 El año pasado, la CFE pagó casi $200 mil millones de pesos a 22 empresas privadas, en su mayoría transnacionales, con quienes ha firmado contratos de generación de electricidad a 25 años. Este es sólo el pago por la compra de energía de estas empresas privadas. Además, tuvo que gastar $88 billones de pesos para cumplir con una cláusula de contingencia que la compromete a asumir el costo de los riesgos que podrían impedir que los llamados “productores independientes” cumplan con sus obligaciones contractuales. Esto es, de hecho, el restablecimiento del modelo colonial.
2 Miguel Alemán Valdés, La verdad del petróleo en México (Ciudad de México: Pemex, 1988), pág. 482.
3 Actualmente, la reserva de 500 toneladas de plutonio separado es suficiente para fabricar 100 000 armas nucleares. En 1994, la Academia de Ciencias de EE.UU. afirmó que este material representaba un claro peligro para la seguridad nacional e internacional, y desde entonces no se ha desarrollado ninguna tecnología capaz de disolver el plutonio, que se sigue acumulando como un producto de desecho que pone en riesgo la salud ambiental, y por lo tanto, la salud humana, en riesgo.
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