La entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana 237 de servicios educativos (NOM-237) va a provocar el cierre inmediato de 18 mil escuelas y va a encarecer las cuotas para los padres de familia, comentó Itzel Carmona Gándara, integrante de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP).
“El cierre de escuelas significa que habrá miles de personas afectadas que se van a quedar sin trabajo y sin escuela”. Lamentó Carmona.
Carmona comentó que esta norma propone que los padres puedan mantener a sus hijos hasta por tres meses sin pagar colegiatura, elemento que va a ser el detonador de los cierres de miles de planteles.
“Esto obliga a las escuelas a asumir los gastos, está situación va a afectar a las pequeñas escuelas y va a provocar su quiebra. Pedimos a la Secretaría de Economía que recapacite", indicó María Luisa Flores del Valle, presidenta de Alianza para la Educación Superior.
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En conferencia de prensa la integrante de la CNEP dijo que todos los costos que tienen que ver con la operación de las escuelas particulares no son una ocurrencia, por lo que esta norma que ellos consideran una sobre regulación, se van a encarecer sus servicios afectando a los padres de familia.
“Estamos regulados, los costos están en una ley que dice cuánto se tiene que cobrar y por qué, pero no podemos cobrar esto únicamente, hay una lista de costos para todos los ervicios que ofertamos, tenemos que calcular la operación de cada escuela, por eso aumentan los costos”, explicó Carmona.
La Profeco y la Secretaría de Economía plantearon este proyecto de NOM para evitar que las escuelas privadas hagan cobros injustificados o no den toda la información a los padres y madres de familia.
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De acuerdo con Jesús Cantú, titular de la Unidad de Normalización, Competitividad y Competencia, algunos objetivos de la norma está evitar que los prestadores de éstos establezcan cobros injustificados o innecesarios durante el ciclo escolar sin previa autorización de los usuarios del servicio, ni obligarlos a contratar servicios adicionales para la acreditación de los planes y programas de estudio en cuyo caso están serán proporcionados sin costo.
La iniciativa fue presentada en mayo pasado, la cual se encuentra en construcción, y la Profeco fue quien hizo la propuesta inicial para establecer requisitos mínimos de información que deben entregar los particulares prestadores de servicios educativos del sistema nacional.