El grito desesperado de López Obrador en el 2006 del “Cállate Chachalaca” reclamaba al gobierno de Fox su presunta intromisión en el proceso electoral a favor del candidato del PAN. Después de la gran polémica, se reformó la ley electoral y la Constitución para limitar y prohibir cualquier manifestación de los poderes públicos en los procesos electorales. Se trataba de añadir elementos adicionales a nuestra legislación para asegurar la equidad en la contienda. Por eso se prohibió cualquier propaganda gubernamental durante las campañas y las autoridades aprendieron a guardar silencio para permitir que nadie se sintiera agraviado en la competencia.
López Obrador deliberadamente rompió esa regla a través de sus mañaneras en la elección de 2024. No importaron los llamados del INE ni las sentencias del Tribunal Electoral. Sheinbaum ganó en las urnas con amplia mayoría, pero la elección estuvo plagada de ese tipo de intromisiones ilegales desde las más altas esferas del poder. Ahora, Sheinbaum podría haber optado por restaurar el orden legal y constitucional y respetar el ya de por sí muy accidentado proceso electoral del Poder Judicial. Lamentablemente no es el caso.
El sábado pasado el INE aprobó un acuerdo innecesario pero conveniente y estableció lo que ya dice la ley: nadie, especialmente los funcionarios públicos, puede promover la elección judicial. Esa es una tarea exclusiva del INE. A pesar de que tres de once consejerías votaron en contra, entre ellas la Presidenta del Consejo General, es evidente que, para la mayoría, la ley sí es la ley y así lo hicieron ver. Sin embargo, al igual que López Obrador, la Presidenta Sheinbaum se burla del acuerdo del INE y todo Morena se suma a impugnar ante el Tribunal Electoral el acuerdo del Consejo General. La intención es evidente: intervenir ilegalmente en el proceso de la elección judicial.
El problema es que paso a paso se sientan precedentes que buscan retroceder el camino andado en la búsqueda de contar con elecciones libres, transparentes y equitativas. Mientras la Presidenta Sheinbaum cree que por elegir a los jueces seremos el país más democrático del mundo, lo cierto es que tendremos elecciones con menos casillas, con funcionarios que no contarán los votos, con boletas sobrantes no inutilizadas y sin resultados electorales oportunos y creíbles. Si a eso le sumamos la intervención presidencial desde la mañanera, cualquier virtud que tuviera esta elección desaparecería y no tendría el calificativo de democrática.
Al comentar el tema con un amigo y gran analista, me animé a recordar que aún nos queda la esperanza de lo que resuelva el Tribunal Electoral. Solo con ver su cara mi esperanza se desvaneció. Ojalá me equivoque, porque lo que está en juego no es la elección judicial, sino todas las elecciones que siguen. La Presidenta ya emitió su opinión, ahora el Tribunal tiene la palabra.
*Profesor Investigador, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno
Tecnológico de Monterrey
@ArturoSanchezG
EEZ
