Hace 71 años, en 1953, las mujeres mexicanas alcanzamos un triunfo histórico tras décadas de lucha incansable: la reforma constitucional que consagró el sufragio femenino a nivel nacional. A partir de ese hito, no solo se reconoció un derecho natural que nos había sido arrebatado injustamente, sino que también inició una transición fundamental hacia un Estado más incluyente, democrático y justo. Desde entonces, se han logrado avances significativos en la creación de leyes y mecanismos que permitieron —y siguen fomentando— la integración plena de la mujer en la vida política del país.
Recupero este legado histórico para subrayar un imperativo actual: ante las elecciones inéditas que vivirá México, donde por primera vez la ciudadanía elegirá sus jueces, magistrados y ministros, —responsables de impartir justicia—, resulta esencial garantizar la participación de las mujeres. Su inclusión no solo es un factor clave de transformación en cualquier ámbito, sino un requisito insoslayable en un tema tan trascendental como la conformación del nuevo Poder Judicial.
Como bien saben, las mujeres enfrentamos realidades y desafíos distintos a los de nuestros pares hombres, marcados también por una construcción social que históricamente ha condicionado nuestro lugar en el mundo. Además, vivimos en un país ensangrentado, donde mueren 11 mujeres al día y existe un 90% de impunidad en los delitos contra nosotras; un país en el que diversos jueces no emiten sentencias con perspectiva de género, y en donde incluso jueces liberan a abusadores sexuales de niñas menores de edad.
En el actual proceso electoral, la asociación Defensorxs ha detectado candidaturas particularmente preocupantes para la justicia y los derechos de las mujeres. Según su presidente, Miguel Meza, entre los aspirantes se encuentran personas con graves antecedentes que van desde casos de corrupción y abuso sexual hasta vínculos con grupos religiosos de carácter extremista.
Ante este escenario, informarnos exhaustivamente sobre las personas candidatas -analizarlas también con perspectiva de género- se convierte en una prioridad urgente. Este conocimiento constituye nuestra principal herramienta para evitar que perfiles inadecuados accedan a cargos judiciales y, en consecuencia, para prevenir futuras violencias contra las niñas y las mujeres.
"Es tiempo de mujeres" suena bien, pero debemos seguirlo materializandolo especialmente en esta oportunidad inédita e histórica de poder ser partícipes en la construcción de la justicia en nuestro país. Frente a quienes llaman a no votar por “no estar de acuerdo con la reforma” -postura que, con todo respeto, considero alarmante- debemos recordar que acudir a las urnas es un acto cívico, ético y ciudadano. Una oportunidad que no podemos desaprovechar, dejando que otros decidan por nosotras especialmente ante el escenario actual.
Sin la participación activa de las mujeres en las urnas, la justicia seguirá siendo un espacio sesgado, ajeno a las demandas de la mitad de la población. La elección judicial no es solo un deber cívico, sino un mecanismo fundamental para construir sistemas legales más inclusivos y sensibles a las realidades de género, tal como lo visionaron nuestras pioneras del sufragio.
POR KARLA DOIG ALVEAR
ABOGADA CON MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS, CONDUCTORA Y ACTIVISTA
PAL
