La entrega a Estados Unidos de 29 mandos criminales reconocidos como generadores de violencia, bajo la jurisdicción de la justicia mexicana, es un hecho orientado a recuperar la paz y la seguridad en nuestro país. Como lo informó el Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, la decisión fue tomada en el seno del Gabinete de Seguridad en los términos previstos por el artículo 5 y demás disposiciones aplicables de la Ley de Seguridad Nacional. Esta medida responde a la naturaleza y gravedad de los hechos delictivos, los cuales vulneran la paz y seguridad del colectivo nacional.
El Secretario señaló que, según información disponible, existía el riesgo de que dichos criminales fueran liberados o que sus procesos de extradición permanecieran detenidos debido a la lenidad de algunos jueces. Ejemplo de ello es el caso de Rafael Caro Quintero, cuyo proceso de extradición ha demorado más de treinta años, y el de Miguel Ángel Treviño, líder de Los Zetas, cuyo trámite ha permanecido detenido por once años. Los riesgos que fundamentan esta entrega son una realidad evidente para cualquier ciudadano y, en consecuencia, para la mayoría de las y los mexicanos.
Los logros sin precedentes del Gobierno de México en el combate al crimen organizado durante los últimos cinco meses han provocado una respuesta de los cárteles que incrementa el nivel de riesgo en el país, convirtiéndolo en una amenaza a la Seguridad Nacional. En este contexto, la entrega de los criminales en comento es una válvula de escape frente a la reacción del crimen organizado. No faltan desafíos a esta decisión, como el que plantea la aún presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, quien exige pruebas sobre el actuar deficiente de algunos jueces, ignorando la evidencia que la realidad nos muestra diariamente en una sociedad sometida continuamente al asedio del crimen.
Los detractores de la medida alegan la violación al debido proceso y a las medidas de suspensión concedidas en amparos relacionados con los procesos de extradición. Sin embargo, esta afirmación es inoperante, ya que la entrega se fundamenta en una ley vigente desde hace dieciséis años, la cual opera de manera paralela e independiente a los procedimientos de extradición.
La respuesta del Gobierno de México a la solicitud de Estados Unidos tiene un sólido sustento jurídico, social y político, con respeto a la soberanía nacional y enmarcándose en la histórica cooperación binacional en materia de seguridad, porque los crímenes cometidos por estos delincuentes impactan a ambos países. Las armas utilizadas por los traficantes en México provienen de Estados Unidos, mientras que el mayor mercado de consumo de drogas se encuentra detrás de nuestra frontera norte. Por ello, es pertinente contribuir a que Washington asuma la responsabilidad que le corresponde en esta lucha compartida.
POR LUIS FERNANDO SALAZAR
SENADOR DE LA REPÚBLICA POR COAHUILA
@SALAZARLUISFER
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