La reciente propuesta del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para reformar el fuero político en México marca un hito significativo en la lucha contra la impunidad. Esta iniciativa, que busca modificar el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, representa un esfuerzo concreto por responder a una demanda social largamente sostenida: la eliminación de privilegios injustificados para los funcionarios públicos.
El fuero político, originalmente concebido como un mecanismo para proteger la libertad de expresión y acción de los legisladores, se ha convertido en muchos casos en un escudo que obstaculiza la justicia. La propuesta de Ramírez Cuéllar busca redefinir los límites de esta inmunidad, restringiéndola exclusivamente a la protección del derecho a opinar, el voto legislativo y la actividad parlamentaria. Este enfoque pretende mantener la esencia de la inmunidad parlamentaria mientras elimina la posibilidad de que se utilice como un medio para evadir responsabilidades penales.
La iniciativa cobra especial relevancia en el contexto actual de México, donde casos notorios de corrupción y abuso de poder han erosionado la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Un ejemplo reciente que ilustra la problemática del fuero es el caso suscitado en la Cámara de Diputados, donde un legislador fue acusado de delitos graves, y el proceso de desafuero generó un intenso debate público. Este caso pone de manifiesto cómo el fuero puede convertirse en un obstáculo para la impartición de justicia y alimentar la percepción de impunidad.
La propuesta de reforma se enmarca en un movimiento más amplio contra la impunidad que ha venido gestándose en México en los últimos años. Desde la reforma anticorrupción de 2015 hasta los esfuerzos actuales por fortalecer la transparencia gubernamental, se observa una tendencia hacia la construcción de un Estado de derecho más sólido. La eliminación del fuero político, en este contexto, representa un paso crucial hacia la igualdad ante la ley.
Sin embargo, el camino hacia la aprobación de esta reforma no estará exento de desafíos. Existen intereses creados y resistencias dentro del propio sistema político que podrían oponerse a la eliminación de este privilegio. El diputado Ramírez Cuéllar mismo ha reconocido la existencia de "grupos de interés" y "distintas expresiones" dentro del partido dominante que podrían no tener un interés supremo en desaparecer el fuero. La persistencia de la percepción del fuero como un "chaleco antibalas que todos dicen odiar hasta que lo necesitan" podría generar resistencia incluso entre quienes públicamente apoyan la reforma.
A pesar de estos obstáculos, la iniciativa ha recibido respaldo de figuras importantes como la diputada Olga Sánchez Cordero, lo que sugiere un apoyo significativo dentro del Grupo Parlamentario de MORENA. El propio Ramírez Cuéllar ha manifestado su confianza en que la propuesta avance en el Congreso, llegando incluso a afirmar que sería "vergonzoso que alguien de Morena se opusiera a un principio básico que es la equidad en el acceso a los órganos de justicia".
Es crucial entender que esta propuesta no implica la eliminación total de la inmunidad parlamentaria. El artículo 61 de la Constitución seguiría garantizando la salvaguarda de las opiniones, del voto legislativo y de la actividad parlamentaria. La reforma se enfoca en eliminar la prerrogativa de no enfrentar denuncias ante las fiscalías, los ministerios públicos o los juzgados, buscando que tanto diputados federales, senadores, gobernadores y diputados locales no tengan ningún impedimento, ninguna protección, ningún privilegio frente a la justicia.
La eliminación del fuero político no es una panacea para todos los problemas de impunidad en México, pero sí representa un paso significativo en la dirección correcta. Esta medida envía un mensaje claro: nadie, independientemente de su cargo o posición, debe estar por encima de la ley. Su aprobación sería un hito en la construcción de un sistema político más justo y transparente, donde los servidores públicos respondan por sus actos como cualquier otro ciudadano.
En conclusión, la iniciativa para reformar el artículo 61 de la Constitución es un avance importante en la lucha contra la impunidad en México. Refleja una demanda social de larga data y se alinea con los principios de igualdad ante la ley y rendición de cuentas. El debate que se genere en torno a esta propuesta será fundamental para fortalecer la democracia mexicana y avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa. La aprobación de esta reforma no solo fortalecería la legitimidad de la representación parlamentaria y gubernamental, sino que también contribuiría significativamente a restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones políticas.
POR: JORGE ARGÜELLES VICTORERO
COLABORADOR
@JORGEARGUELLESV
