La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 recién publicada por el INEGI presentó un panorama agridulce sobre el acceso a los servicios financieros en México. Si bien se han registrado avances en términos de bancarización y acceso al crédito, aún persisten desafíos estructurales que frenan una verdadera inclusión financiera, especialmente en lo relacionado con la brecha de género, la cobertura en zonas rurales y la penetración de productos como seguros y cuentas de ahorro para el retiro.
Uno de los resultados positivos es que el 76% de la población de entre 18 y 70 años cuenta con al menos un producto financiero formal, un aumento significativo respecto al 68% registrado en 2021. El acceso a cuentas de ahorro y crédito también ha mejorado; sin embargo, aún queda mucho por hacer, ya que solo el 63% de la población tiene una cuenta de ahorro y apenas el 37% cuenta con un crédito. Lo anterior refleja un esfuerzo tanto del sector financiero como de las autoridades por ampliar su alcance y oferta de productos y servicios, pero estos avances no han sido uniformes para todos los sectores de la población.
A pesar del crecimiento en la inclusión financiera, las brechas de género y regionales siguen representando un desafío importante. La diferencia en el acceso a productos financieros entre hombres y mujeres se redujo de 12% a 8% entre 2021 y 2024. No obstante, en entidades como la Ciudad de México, la brecha de género ha aumentado de 5 a 11%, lo que evidencia que el acceso a estos servicios no es homogéneo en todo el país.
Particularmente, las localidades con menos de 15,000 habitantes continúan rezagadas en comparación con las zonas urbanas. La infraestructura financiera limitada, la falta de educación financiera y la desconfianza en las ofertas digitales siguen siendo barreras que restringen el acceso a productos financieros en estas comunidades.
Si bien el acceso a cuentas de ahorro y crédito ha crecido, otros productos clave para la estabilidad financiera aún muestran niveles preocupantes de penetración. Solo el 23% de la población posee algún tipo de seguro, y apenas el 42% cuenta con una Afore. Estos datos evidencian la falta de conciencia sobre la importancia de estos instrumentos y la necesidad de estrategias que incentiven su adopción, especialmente en un entorno donde la seguridad económica a largo plazo es cada vez más incierta.
Un punto crítico que destaca la encuesta es el uso predominante del efectivo en las transacciones diarias. Aunque su uso ha disminuido ligeramente, el 85% de la población sigue utilizando efectivo para compras menores a 500 pesos, y el 70% lo emplea en transacciones de mayor valor. Esta dependencia limita la digitalización del sistema financiero y subraya la necesidad de generar confianza en los métodos de pago digitales, promoviendo su uso a través de incentivos y mejoras en infraestructura tecnológica. Esta estrategia no solo contribuiría a la inclusión financiera, sino que también impulsaría la formalización del comercio, fortalecería el desarrollo económico del país y aumentaría la transparencia apoyando a combatir la corrupción.
Para cerrar estas brechas y continuar aumentando la inclusión financiera en el país, es fundamental que tanto el sector privado como el gobierno trabajen en conjunto para generar un entorno propicio para la innovación y el acceso a productos financieros digitales. La inversión en infraestructura tecnológica, la educación financiera desde edades tempranas, una mayor integración de los programas sociales a la transaccionalidad digital y la implementación de políticas públicas que fomenten nuevos modelos financieros y confianza en los servicios financieros digitales son pasos esenciales para lograrlo.
Es crucial tomar medidas ejecutivas para reducir las desigualdades y mejorar el acceso a productos que garanticen estabilidad y crecimiento financiero para todos.
POR ÁLVARO VÉRTIZ
Socio, DGA Group
MAAZ
