Al día de hoy, quizás nadie podría negar que las diversas inteligencias artificiales con las que a diario convivimos han redefinido la base misma de nuestras sociedades.
Y es que afirmar lo contrario a estas alturas sería una necedad ante la clara evidencia de que, desde la economía hasta los temas de salud, pasando por aquellos que tienen que ver con la educación, la seguridad, la convivencia, el entretenimiento y, sobre todo la política, son y serán influidos cada vez más por los diversos algoritmos que inciden en nuestras decisiones y en el modo en el que así interactuamos entre nosotros y con el mundo.
A pesar de ello, ante una transformación tan profunda y vertiginosa, es claro que también surgen preguntas fundamentales: ¿Hacemos acaso lo suficiente para asegurar que la inteligencia artificial respete y fortalezca, por ejemplo, los principios y los valores constitucionales sobre los que hemos acordado y descansa nuestra convivencia? ¿Participan sustancialmente, las comunidades marginadas y las personas pertenecientes a los diversos grupos de atención prioritaria, con que contamos en nuestro país, en la construcción del futuro digital que inevitablemente viviremos? En ese sentido, quizá una de las preguntas de fondo más relevante es la siguiente: ¿Cómo garantizaremos que la revolución algorítmica sea incluyente y equitativa?
La mayoría de los textos constitucionales de las democracias modernas establecen y contemplan principios y derechos fundamentales que buscan hacer posible la convivencia social en la comunidad política a la que aplican. Entre ellos, se encuentran la dignidad, la igualdad, la equidad y la democrática posibilidad de participar a través del diálogo institucionalizado en la vida pública y, así, en las decisiones que habrán de moldear nuestro día a día, aplicadas en diversos programas y políticas públicas.
Sin embargo, en la era digital que habitamos, pareciera que los ordenamientos constitucionales deben modernizarse e incorporar también diversos principios que sirvan para orientar el desarrollo de la aplicación de las inteligencias artificiales. Entre tales principios, el derecho y garantía a la protección de los datos personales, la privacidad, el acceso equitativo a la tecnología y la transparencia algorítmica, entre otros, deben ubicarse como los pilares sobre los que han de descansar las democracias que busquen integrar este tipo de tecnologías, pero sin socavar las libertades y los derechos humanos.
Dentro de los principales desafíos para lograr lo anterior y con ello construir un futuro inclusivo, se encuentra la necesidad de remontar la brecha digital y el aún inequitativo acceso tecnológico que existe en perjuicio de diversas comunidades que tradicionalmente se han encontrado excluidas del desarrollo.
Hablamos de pueblos indígenas, comunidades rurales y grupos sociales de atención prioritaria como personas mayores, mujeres y personas con alguna discapacidad, por ejemplo. Hablamos de personas que se han quedado y podrían permanecer al margen del diálogo público y de su posibilidad de participar en la generación de las políticas públicas que les afectan y del conocimiento que a todas y todos nos es necesario para la resolución de nuestros problemas sociales.
Porque el riesgo de que las inteligencias artificiales amplíen las brechas sociales, existentes, es real. Si estos sistemas de aprendizaje automático, por ejemplo, se alimentan con datos provenientes de sólo la experiencia de ciertos grupos sociales privilegiados, es claro que el conocimiento y las necesidades de diversas comunidades podrían estar haciéndose de lado con las respuestas o soluciones que estos sistemas nos devuelvan u ofrezcan.
Para evitar lo anterior es fundamental implementar estrategias de inclusión digital, desde la alfabetización tecnológica más temprana hasta la participación de todas las comunidades relevantes en el diseño y evaluación de los sistemas algorítmicos que sean desarrollados y aplicados en el terreno de lo público.
Y es que debemos comprender que este tipo de desarrollos, los algoritmos, no son en forma alguna neutrales. Si partimos de que cada modelo de inteligencia artificial se encuentra necesariamente condicionado por los datos con los que fue entrenado y por las decisiones de sus desarrolladores, demuestra que si no se supervisan estas tecnologías con criterios de equidad y justicia pueden generar o perpetuar la exclusión y discriminación en contra de determinados grupos sociales.
Por ello, los algoritmos son herramientas con un doble filo, pero para que sirvan a la inclusión es esencial que adoptemos marcos normativos, con criterios claros de transparencia, explicabilidad y responsabilidad en el desarrollo y aplicación de las inteligencias artificiales.
Quizá, estemos ante la necesidad de construir inteligencias artificiales respetuosas de los principios constitucionales y avanzar hacia modelos de gobernanza tecnológica que garantice a las personas: i) la protección de las libertades y los derechos fundamentales de que somos titulares y ii) la equidad en el desarrollo digital.
Para lograr lo anterior será necesario, por un lado, contar con una legislación adaptativa. Es decir, con marcos normativos capaces de evolucionar y responder a los desafíos tecnológicos, incorporando principios como la justicia y transparencia algorítmicas, la responsabilidad y la protección de los derechos digitales.
Asimismo, será necesario que las comunidades tradicionalmente marginadas, puedan participar activamente en el diseño de las tecnologías que les afecten para asegurar que las mismas tomen en cuenta su contexto y también reflejen su diversidad cultural y social, sin generar exclusiones. Finalmente, será de la mayor relevancia invertir esfuerzos en educación digital y en la creación de una ética tecnológica robusta que esté al servicio de las personas.
El reto que tenemos frente a nosotros, aunque complejo, se trata de integrar las inteligencias artificiales a nuestras democracias, sin sacrificar los valores fundamentales que nos definen y nos han hecho apreciarnos como sociedades justas, equitativas e incluyentes. El futuro digital se encuentra en nuestras manos y por ello es responsabilidad de todas y todos asegurarnos de que en ese futuro nadie se quede atrás.
Dr. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Ciudadano del INFO CDMX y Académico de la UNAM
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