La historia reciente en la política de nuestro país ha demostrado que las y los actores políticos encuentran formas de eludir las normas electorales sin incurrir, estrictamente hablando, en una infracción. La pregunta que debemos hacernos es ¿hasta qué punto las normas vigentes realmente garantizan una competencia justa?
En el marco del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó Lineamientos que establecen reglas procesales y un catálogo de infracciones. Se definieron sujetos y conductas sancionables, y se reguló la propaganda electoral. Sin embargo, estos Lineamientos dejaron áreas de oportunidad en la regulación de ciertas conductas. Por eso, propuse ampliar una de las infracciones previstas para las personas candidatas, para que no pudieran realizar actividades que tuvieran como fin la promoción o posicionamiento de una candidatura frente al electorado antes del periodo legalmente establecido para ello.
Esa propuesta obedecía al antecedente de que desde antes del inicio formal del Proceso Electoral Federal 2023-2024, los partidos políticos implementaron procesos políticos inéditos que, sin ser considerados formalmente actos anticipados de campaña, permitieron a aspirantes posicionarse ante el electorado. Así, Morena y el Frente Amplio por México diseñaron mecanismos de selección de “representantes” (que después fueron sus personas precandidatas y candidatas), que les permitieron realizar giras, eventos y propaganda con intenciones de ir posicionando ante la ciudadanía la imagen de diversas personas con fines electorales.
La Sala Superior avaló estas estrategias bajo el argumento de que no se trató de un ejercicio electoral, y ordenó al INE que emitiera Lineamientos para regularlos y “evitar” una transgresión a los límites constitucionales y legales. Sin embargo, la ciudadanía los percibió como precampañas adelantadas, lo que erosionó la confianza en la normativa electoral.
Frente a esta realidad, mi propuesta buscaba cerrar esta brecha regulatoria, estableciendo criterios más amplios que permitieran una sanción en caso de que ocurrieran esas conductas, y aunque esta propuesta no fue aprobada por la mayoría del Consejo General, generó un debate necesario sobre la urgencia de adaptar nuestras normas a la realidad política actual.
No se trata de imponer restricciones arbitrarias, sino de garantizar que el principio de equidad en la contienda no sea socavado por lagunas normativas. La regulación electoral debe evolucionar para responder a las nuevas dinámicas de comunicación y propaganda, evitando interpretaciones excesivamente formales que ignoren el impacto real de ciertas prácticas que hemos vivido en el pasado.
La confianza ciudadana en los procesos democráticos depende de que las instituciones sean capaces de identificar y sancionar estrategias que busquen burlar los principios de equidad en la contienda.
POR DANIA RAVEL
CONSEJERA DEL INE
@DANIARAVEL
PAL
