Llevo 25 años ejerciendo como abogado. Nunca en esos 25 años me he enfrentado a un Poder Judicial, local y federal, como el actual y el de los últimos siete años. Este poder, donde todos depositamos nuestra confianza y nuestros problemas, y que debería ser el garante del Estado de derecho y la última instancia de justicia, se ha convertido en una cofradía de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y resoluciones a modo que benefician intereses particulares en lugar de velar por la equidad y el bienestar común.
La falta de independencia judicial, la línea que siguen, la opacidad en la designación de jueces y magistrados, así como la impunidad que prevalece en la mayoría de los tribunales, donde ni siquiera leen las peticiones de las partes ni mucho menos los expedientes, justificaron la urgente transformación estructural de ese poder. Su soberbia e incompetencia hicieron fácil al expresidente vender la mal llamada reforma judicial. Lo he dicho antes: es una reforma electoral que no toca la estructura de ejercicio de jurisdicción; sin embargo, es un buen principio que puede devolver la confianza en las instituciones judiciales.
Nuestro país enfrenta una crisis de credibilidad en su sistema de justicia. Diversos informes de organismos nacionales e internacionales han documentado cómo el sistema judicial es corrupto, lo que impide el acceso efectivo a la justicia para la mayoría de los ciudadanos. Casos emblemáticos de impunidad y enriquecimiento ilícito de jueces, y sus constantes malas prácticas evidencian la necesidad de una reforma profunda y estructural. La actual reforma no se dirige a eso, pero insisto, es un buen principio, una sacudida que puede mejorar la situación. Peor no se puede estar; lo vivimos a diario. ¿Qué importa si el juez que llegue electo no tiene la experiencia, conocimientos o trayectoria de los actuales, si estos que todavía están no usan ni sus conocimientos ni su experiencia y traicionan su trayectoria con sus fallos, con su indolencia, con su incompetencia? ¿De qué sirve que sepan juzgar si no leen ni siquiera los expedientes que se someten a su jurisdicción?
Uno de los problemas más graves del Poder Judicial en México es la impunidad que prevalece dentro del mismo sistema. Jueces y magistrados tienen amplias facultades para dictar resoluciones sin una supervisión efectiva o mecanismos de rendición de cuentas. Hace una década podíamos confiar en el juicio de amparo; podíamos confiar en la justicia federal; hoy las autoridades de amparo están igual o peor.
La corrupción dentro del Poder Judicial no solo se limita a los jueces y magistrados, sino que también involucra a funcionarios administrativos, ministerios públicos y defensores públicos. Desde la asignación de expedientes hasta la resolución de casos, la lista es larga: cobran por juzgar conforme a derecho y cobran por no hacerlo. El que llega primero o conoce a quien conoce a quien se debe conocer obtiene un juicio paternal y una sentencia favorable, aun siendo absurdo, incongruente, trágico e injusto.
Es un secreto a voces la venta de sentencias, donde jueces dictan resoluciones favorables a quien pueda pagar más, sin importar la gravedad del delito o el impacto en la sociedad, ni a quién le asista la razón. También es común el tráfico de influencias, en el que políticos, empresarios y grupos de poder intervienen en los procesos judiciales para obtener fallos favorables.
Ahora bien, sí existe un problema que esta reforma resuelve parcialmente, no obstante que la prisa y la premura dejaron muchas áreas de oportunidad sin abordar. Ese problema que menciono es la falta de transparencia en la designación de jueces y magistrados. Antes ya existían las designaciones a modo dentro de la cúpula del Poder Judicial, el nepotismo, la venta de exámenes de oposición para ser juez, escándalos de esas ventas y sus anulaciones. No podemos negar que lo que les duele a quienes mandaban en el Poder Judicial es que ya no serán ellos quienes cometan esos actos, serán los otros dos poderes, para el ciudadano, tener dos poderes tiránicos y con malas prácticas, o tres es igual de malo.
La designación de jueces y magistrados, en teoría, se basa en méritos y experiencia; en la práctica, el sistema de nombramientos responde a cuotas de poder y nepotismo, así de sencillo. Cuando menos hoy en día se abre la posibilidad a todo el gremio. Hoy se quejan los detractores de la reforma judicial, cubriéndose con la bandera de la independencia judicial, cuando todos sabemos que los jueces llegan a sus cargos por recomendaciones o vínculos familiares, en lugar de por su capacidad y ética profesional.
Los jueces y magistrados de hoy son inaccesibles, burocráticos y poco eficientes en la impartición de justicia. ¿Los que vienen serán mejores? No lo sé. Cuando menos tienen una oportunidad de mejorar. Quedarnos igual era suicida.
La reforma judicial actual no resuelve la crisis del sistema judicial mexicano, que requiere una transformación profunda. No se trata sólo de modificar algunas leyes o implementar programas de capacitación, sino de una reestructuración completa que garantice la independencia, eficiencia y honestidad en la impartición de justicia. Tal vez los jueces menos soberbios acepten esta gran responsabilidad.
Por todo esto que escribo y vivo junto con mis clientes todos los días, decidí inscribirme para buscar ser candidato a Magistrado Colegiado en mi circuito y en la materia que practico, acepté las reglas, el lunes 3 de febrero será el sorteo que decidirá quiénes podrán ser candidatos. Quede quien quede, no podemos estar ciegos a la realidad actual, el sistema judicial enfrenta una crisis de legitimidad sin comparación y sólo puede resolverse con una reforma profunda y estructural. Tal vez esta reforma sea solo el principio de una serie de reformas.
Sin una justicia confiable, no hay democracia ni Estado de derecho. Si no se transforma el Poder Judicial, no tendremos la menor oportunidad de resolver nuestras diferencias con árbitros confiables, cercanos a la gente, cumpliendo el texto constitucional como lo mandata la Nación y no interpretándolo según el humor del presidente o presidenta de la Suprema Corte o del Tribunal Superior de Justicia local, o como es sabido la venta de la justicia al mejor postor.
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
EEZ
