En México hemos llegado a la peor percepción de corrupción desde 1995 (Transparencia Internacional). Con una calificación de 26 de 100 puntos, ocupamos el infame lugar 140 de los 180 evaluados en el mundo. Además, somos el peor calificado de los 38 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el penúltimo entre las economías del G-20, solo superando a la Rusia de Putin.
Si nos medimos con nuestros pares de Latinoamérica, tenemos una mayor percepción de corruptos que Brasil, Perú, Colombia, Argentina y Chile. Solamente su majestad Venezuela, Guatemala y Honduras están peor que México.
La bandera de la 4T y desde luego de su paladín López Obrador, quien no dejó de prometer, inclusive atreverse a decir que la corrupción se había acabado, que la había erradicado desde la cúpula del poder, asegurando que había limpiado la casa de arriba hacia abajo. Sin embargo, los “otros datos” indican lo contrario. Hoy México se encuentra en su peor posición desde que se mide en estos parámetros la corrupción, la percepción de un pueblo sobre su gobierno, lo anterior, no obstante que tenemos un gobierno que miente descaradamente, basado en el doble discurso y la opacidad. López Obrador proclamó que la corrupción había sido erradicada, destruyendo cualquier mecanismo real de control. Su confianza en que vendiendo barato su ejemplo moral sería lo que transformaría a la administración pública fue tan infantil como sus proyectos insignia.
Moverse en un Jetta y volar comercial, la falsa austeridad siempre fue un engañabobos, la narrativa presidencial que siempre simuló un estilo chafa de vida austera con aparente integridad y desapego a la riqueza, se confrontó con la realidad, eso que tanto ha desmentido a este régimen, esa verdad donde la probidad no depende de la aparente sencillez personal del líder, sino de la legalidad en la gestión de recursos y la existencia del Estado de Derecho. Una vez que llegó esa realidad culpó a gobiernos anteriores también corruptos, y desde luego no ha podido ocultar los miles de hechos de corrupción que se han dado en estos dos gobiernos, especialmente el caso SEGALMEX de más de 15 mil millones de pesos desfalcados a México.
Y, ¿Quién supervisa la gestión de los recursos? El Poder Legislativo, a través de la Auditoría Superior de la Federación. Y con el Congreso actual peor que el anterior, lacayos del Ejecutivo, sin contrapesos, se alineó completamente, renunciando a su obligación de supervisar el manejo del dinero público. No obstante los ultrajes a la economía pública, entregaron el manejo discrecional de dos billones de pesos de los trabajadores que ahorraron con sus patrones en el INFONAVIT, que será una raya más al tigre, como la refinería de Dos Bocas; prometida con un presupuesto de 8 mil millones de dólares y operativa en 2022, ha superado los 20 mil millones y aún no funciona.
No obstante, la opacidad; el mal manejo del dinero público, que es corrupción y la fomenta; lo que mata a un país no es en sí la corrupción. En todos los países existe en mayor o menor medida, la impunidad es lo que aniquila esperanzas y permite seguir haciéndolo sin consecuencias. Durante el sexenio anterior, el gobierno no persiguió ni castigó los actos de corrupción a gran escala. Este gobierno se perfila igual que el anterior; los primeros meses de la nueva administración no han mostrado cambios en priorizar más allá del discurso el combate a la corrupción, imaginemos ahora esa situación con jueces federales a modo y puestos por ellos mismos.
Hoy los resultados indican que, lejos de mejorar, la situación se agravó. No solo mantuvimos nuestra pésima posición entre los países con mayor corrupción, sino que hemos retrocedido a niveles grotescos. No falta mucho para que rebasemos a Honduras y Guatemala, y desde luego se ve un horizonte oscuro con esta ruta que día a día parece venezolana.
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
EEZ
