El dictamen de la Cuenta Pública 2022 fue aprobado este 11 de febrero por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, documento que registra inconsistencias e irregularidades que dejan al descubierto el pésimo ejercicio de los recursos públicos administrados por el gobierno de la 4T.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, las recuperaciones representan un monto total de 32 mil 894 millones de pesos, de los cuales 9.5% son recuperaciones operadas y el 90.5% se estiman como recuperaciones probables o montos por aclarar. No obstante, debe considerarse que de esas posibles irregularidades superan los seis mil 873 millones de pesos correspondientes al sector público federal.
Queda claro que dicho monto representa un daño a la hacienda pública, porque son recursos que fueron identificados como irregularidades y que deben ser solventadas a la brevedad por los entes fiscalizados. Con esos recursos bien se pudieron construir hospitales, escuelas, carreteras, centros de salud, entre otras obras de infraestructura que tanto demanda la población.
Proyectos como el Tren Maya, obra prioritaria del gobierno de Morena, está plagado de irregularidades; se identifican pagos indebidos o en exceso a proveedores, deficiente planeación de las obras a ejecutar, compra de terrenos que no se van a utilizar y trabajos que no cumplen con las especificaciones requeridas.
Ante decenas de anomalías identificadas en distintos tramos del Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo debe aclarar 785.2 millones de pesos que se observaron y se manifiestan en 12 auditorías realizadas por el ente fiscalizador.
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), cuyo objetivo es garantizar la seguridad alimentaria de la población es, sin embargo, una institución que tiene el mayor número de denuncias penales y administrativas por diversos actos de corrupción en el gobierno del presidente López Obrador.
Segalmex debe aclarar 177.8 millones de pesos por irregularidades en contrataciones correspondientes al año 2022. No olvidemos que anteriormente se identificaron 15 mil 308 millones de pesos de irregularidades.
La falta de acción por parte de las autoridades es inaceptable. La Auditoría señala irregularidades, pero las consecuencias son mínimas. Las entidades responsables de la administración pública no parecen rendir cuentas. Necesitamos un mecanismo que no solo identifique, sino que también sancione ejemplarmente a quienes hacen uso indebido de los recursos públicos.
La cultura de la impunidad debe ser erradicada y eso solo se logrará si exigimos responsabilidad a los servidores públicos.
POR HÉCTOR SAÚL TÉLLEZ HERNÁNDEZ
VICECOORDINADOR ECONÓMICO DEL GPPAN
EEZ
