Un proceso tortuoso y de confrontación se ha convertido la selección de personas candidatas para la elección judicial por el Poder Judicial de la Federación.
El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación que renunció, no supo o no quiso enfrentar las vías jurídicas emprendidas para obstaculizar su labor, tomando una conducta procesal pasiva en su calidad de autoridad responsable de amparo. No comprendió que, con ello, minaba la imagen de lo judicial frente a la sociedad.
El citado comité judicial nunca entendió que su actuación se regía, esencialmente, en lo mandatado en la Constitución y que ello representaba el interés general de la sociedad; por el contrario, al parecer, su inacción se desplegó a favor de una colonia judicial que se niega al cambio que ordena la ley suprema.
En una democracia se acepta y respeta lo decidido en las urnas y sus consecuencias en la esfera política. Así se transitó de un régimen de centro izquierda que duró 75 años a un régimen neoliberal que estuvo otros 36. Hoy es la izquierda quien está construyendo su paso frente a la historia.
Tenemos frente a nosotros un cambio no sólo de gobernantes sino de instituciones producto de una visión que busca encontrar luz frente a una ceguera institucional que no supo responder a las demandas del México del nuevo siglo XXI.
Es necesario retomar el cauce institucional previsto en la Constitución. La sociedad demanda un tránsito mesurado de un antiguo régimen judicial a uno nuevo, nos guste o no, nos afecte en lo personal o no. Esto es lo deseado por quienes salieron a votar el año pasado.
La Constitución mandata un proceso de elección judicial, no hay más, no se trata de conciliar algo sino de acatar lo que nuestra Carta Magna dispone, eso es la esencia de un país de leyes.
La elección judicial no es generar zozobra, deshacer el Estado de derecho, menos aún pago de cuota alguna. Es consolidar la esencia del espíritu democrático de la Reforma Judicial de septiembre de 2024.
Hay voces poco responsables que, ante los medios, al amparo de la libertad de expresión, descalifican el llevar a cabo la elección judicial buscando la sola confrontación sin aportar nada.
Deben buscarse con verdaderos actos de talento e inteligencia política, los mecanismos necesarios para perfeccionar y mejorar el nuevo andamiaje legal; sin duda hay muchos espacios para ello, pero no erosionemos la tan necesitada función judicial.
Hoy se requiere un actuar estadista para hacer cumplir lo que ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más allá de feudos judiciales que se niegan al cambio.
¿La Suprema Corte de Justicia de la Nación postulará candidatos en términos de lo mandatado en el artículo 96 Constitucional? Esperamos que no claudique de su atribución.
POR ENRIQUE SUMUANO
CONTRALOR INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
@ENRIQUESUMUANOC
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