Para nadie es desconocido que México tiene un déficit de vivienda de grandes proporciones. Impulsar medidas para tratar de solucionar la problemática es, sin duda, de vital importancia para los derechos de los trabajadores, al permitirles ejercer un derecho humano, como es contar con una vivienda propia.
El problema, es problema -como dice la canción- cuando el gobierno pretende utilizar el dinero de los trabajadores que aportan al INFONAVIT para crear una empresa filial que se encargue de construir vivienda.
Las subcuentas de los trabajadores que administra el Instituto suman alrededor de 2.4 billones de pesos para que puedan adquirir, construir o mejorar una vivienda.
Con la reforma que envió la presidenta Sheimbaum al Congreso de la Unión, estos recursos privados, sí recursos privados porque son de los trabajadores, corren un fuerte riesgo de extinguirse, al pretender convertir a INFONAVIT en un desarrollador inmobiliario y “jugar al Airbnb”; cuando hemos visto su total ineficiencia y corrupción en la administración de los recursos públicos, el derroche de dinero en obras faraónicas que no funcionan y su fracaso como empresarios, como ejemplo Mexicana de Aviación.
Ya en otras ocasiones hemos denunciado el terrible atraco que desde el gobierno pretenden consumar en los proximos días, ya que el pasado viernes 24 de enero, las comisiones unidas de Vivienda y Trabajo y Previsión Social discutieron y aprobaron el dictamen que reforma la Ley del INFONAVIT y la Ley Federal del Trabajo. Esta decisión fue tomada con el respaldo de la mayoría oficialista, a pesar de las serias advertencias y críticas que hicimos el Partido Acción Nacional y otras fuerzas opositoras.
Desde nuestra posición, consideramos que esta reforma pone en riesgo el futuro de millones de trabajadores mexicanos. Los ahorros que han generado con esfuerzo a lo largo de su vida laboral serán utilizados para financiar proyectos que no garantizan rentabilidad ni beneficios reales para los derechohabientes. En lugar de enfocarse en otorgar créditos hipotecarios con tasas bajas de interés que permitan a los trabajadores acceder a una vivienda digna, el gobierno pretende redirigir esos recursos para contar con una empresa filial del INFONAVIT que operará como una empresa para construir y rentar viviendas.
Para financiar esta iniciativa, se pretende utilizar millones de pesos provenientes de los ahorros de los trabajadores, bajo el argumento de que esta filial será independiente. Sin embargo, estará completamente bajo el control del gobierno, lo que genera serias dudas sobre su autonomía y los riesgos asociados a su operación, ya que se prevé que tendrá facilidades administrativas y exenciones fiscales por parte de los gobierno locales, lo cual también significa competencia desleal con el sector inmobiliario y de la construcción, que sí paga impuestos, nómina, derechos laborales y contribuye al erario.
Hemos denunciado la falta de transparencia en este proceso. Las reuniones realizadas con algunos sectores interesados, como los sindicatos, se llevaron a cabo a puerta cerrada, lo que limita el debate público y deja muchas preguntas sin responder.
Sabemos que la Cámara de Diputados mejorará la Minuta del Senado en términos de tripartismo igualitario en los órganos colegiados del Instituto, como la intervención de la Auditoría Superior de la Federación en la vigilancia de los recursos que se usen por la empresa filial, lo cual será relevante en cuando se garantice que actuará sin parcialidad política. Sin embargo, no podemos permitir que decisiones tan importantes se tomen sin una rendición de cuentas efectiva y un análisis profundo como la situación amerita.
Si existe o ha existido corrupción en el manejo del INFONAVIT hay que investigarla y sancionar a los culpables. La solución no es entregarle todo el poder al gobierno. Más control gubernamental solo significa más opacidad, más desvíos y seguramente, menos vivienda adecuada para los trabajadores.
Además, los ejemplos recientes de administración de recursos por parte del gobierno han sido desastrosos, como los casos de la refinería Dos Bocas y el hecho de que PEMEX tiene la peor producción de su historia y se encuentra endeudado por más de 2 billones de pesos y casualmente el director general que endeudó a dicha paraestatal es quien se encuentra actualmente al frente del INFONAVIT, lo que genera dudas fundadas sobre la capacidad de ejecutar proyectos con eficiencia y transparencia. La historia nos ha enseñado que centralizar funciones de préstamo y construcción en una sola entidad puede derivar en ineficiencias y pérdidas sustanciales, como lo demuestra la experiencia de Chile en los años ochenta con su fondo de vivienda.
Desde el Partido Acción Nacional consideramos que este cambio también representa un golpe al sector privado y al empleo. Al redirigir los recursos hacia proyectos controlados por el gobierno se limita la capacidad de la industria de la construcción privada para generar empleo y promover el crecimiento económico. Los créditos directos, una herramienta fundamental para mantener activa esta industria, serán más escasos, lo que afectará a miles de trabajadores que dependen de este sector.
Nuestra responsabilidad como oposición es ser la voz de millones de mexicanos que ven con preocupación estas decisiones. Aunque el gobierno cuenta con una mayoría que le permite avanzar con estas iniciativas, no dejaremos de alzar la voz en defensa del patrimonio de los trabajadores. No podemos permitir que los ahorros de toda una vida se utilicen para proyectos que podrían no tener un impacto social significativo y que incluso podrían ser dirigidos con fines políticos.
Hacemos un llamado a reconsiderar esta reforma y a priorizar el bienestar de los derechohabientes. No se trata de oponerse por oponerse, sino de defender principios fundamentales como la transparencia, la eficiencia y la protección de los recursos de los trabajadores. Desde el Partido Acción Nacional, continuaremos luchando por garantizar que las instituciones públicas sirvan a los ciudadanos y no a intereses particulares o gubernamentales. El primero de febrero, en la discusión en el pleno, llevaremos nuevamente estas preocupaciones y exigiremos que se escuche a quienes han construido el INFONAVIT con el fruto de su esfuerzo diario.
POR JORGE ROMERO HERRERA
PRESIDENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
PAL
