El mundo se transforma cada día en un lugar más digital, donde la tecnología permea todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, desde comunicaciones, hasta operación de industrias y por supuesto, también del gobierno. En este contexto, la ciberseguridad representa una herramienta fundamental para estabilidad, desarrollo y soberanía de cualquier nación.
El viernes de la semana pasada se publicó el Reglamento Interior de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en el Diario Oficial de la Federación. La Agencia es una dependencia del Poder Ejecutivo, que fue creada por la presidenta Claudia Sheinbaum para diseñar y ejecutar políticas públicas en materia de inclusión digital, gobierno electrónico, telecomunicaciones y ciberseguridad. Esta dependencia tiene entre sus objetivos implementar políticas para la inclusión digital, gobierno electrónico y, quizás lo más crítico en la actualidad, la ciberseguridad.
Según el reglamento, una de las áreas de la ATDT, será la Coordinación Nacional de Infraestructura Digital, bajo la cual operará la Dirección General de Ciberseguridad (DGC). Ésta se va a encargar de diseñar y coordinar estrategias para proteger activos digitales del Estado, plataformas gubernamentales y, por extensión, información de millones de mexicanos.
En 2024, de acuerdo con datos de Kaspersky, México enfrentó más de 42 millones de intentos de ciberataques, afectando a sectores estratégicos como la industria manufacturera (29.77 por ciento) e instituciones gubernamentales (20.89 por ciento). A medida que las amenazas digitales evolucionan, también deben hacerlo las políticas públicas, es por ello que la creación de la Dirección de Ciberseguridad es una respuesta necesaria para proteger al país frente a este panorama adverso.
En el reglamento de la DGC se detallan sus atribuciones que incluyen diseño de estrategias de ciberseguridad para administración pública, identificación de riesgos, monitoreo e implementación de controles para mitigarlos; coordinación entre dependencias y entidades gubernamentales para garantizar una respuesta eficiente a incidentes de seguridad; capacitación de servidores públicos en ciberseguridad, promoviendo una cultura de protección digital en todos los niveles de gobierno; y promoción de la cooperación internacional.
El trabajo de la DGC fortalecerá la protección de instituciones gubernamentales, además que sentará bases para el desarrollo de una economía digital robusta, que dependa de redes e infraestructuras seguras. La creación de la DGC representa un paso firme hacia un México más preparado y competitivo en la era digital.
El pueblo de México tendrá la responsabilidad de exigir que esta dirección cumpla con su mandato y que el gobierno mantenga su compromiso con la ciberseguridad como prioridad nacional. En un mundo donde las amenazas digitales crecen a un ritmo alarmante, es alentador ver que México no se queda atrás y que la presidenta Claudia Sheinbaum apuesta por la protección de su infraestructura digital y por la información de sus ciudadanos.
POR ARTURO ÁVILA ANAYA
ANALISTA POLÍTICO, EXPERTO EN SEGURIDAD NACIONAL HARVARD
@ARTUROAVILA_MX
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