La inmunidad, también conocida como fuero, fue concebida como un mecanismo para proteger a ciertos actores políticos y garantizar la independencia de sus funciones. Desde sus inicios en las prácticas parlamentarias británicas del siglo XVII, este mecanismo buscaba garantizar debates libres y evitar la interferencia de la Corona.
Con el tiempo, la aplicación de esta figura ha generado tensiones entre el principio de igualdad ante la ley y la protección de la democracia representativa. La reelección de Donald J. Trump en Estados Unidos ofrece un caso de estudio especialmente relevante para analizar las implicaciones de esta figura jurídica en la democracia.
En julio de 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó inmunidad parcial a Trump, limitada a las “acciones oficiales del presidente en el cargo”. Sin embargo, la sentencia no define claramente qué es un acto oficial y un extraoficial. Ante dicha falta de claridad, las personas juzgadoras pudieron desestimar dos casos en su contra: el intento de subvertir las elecciones de 2020 y el mal manejo de documentos clasificados. Este criterio será nuevamente evaluado por las instancias de justicia locales en los casos pendientes contra él, pero ya es un antecedente peligroso para la democracia.
La decisión de la Corte pone de manifiesto una paradoja: mientras la inmunidad busca proteger la democracia, también puede convertirse en un arma de doble filo que facilite la impunidad. Casos como el del magnate republicano, quien recientemente enfrentó un juicio por falsificación de registros comerciales para ocultar información comprometedora, ilustran cómo esta protección puede ser utilizada para evadir consecuencias legales, pues recibió una sentencia sin pena.
Este escenario plantea cuestionamientos importantes sobre las implicaciones de la inmunidad en dos ámbitos clave: las actitudes antidemocráticas y el fortalecimiento de liderazgos anti-establishment.
En 2020 Trump rechazó los resultados electorales e incitó actos violentos. Estas acciones socavan la legitimidad institucional y fomentan la desconfianza en el Estado de derecho. La democracia representativa depende, en gran medida, de la participación ciudadana activa y de la adhesión a las reglas del juego. Las sentencias establecen un precedente peligroso para la rendición de cuentas, especialmente por la posible ausencia de consecuencias ante conductas violentas y antidemocráticas. Incluso pensando en el caso de Brasil con Jair Bolsonaro.
El proceso también evidenció desigualdades en la impartición de justicia. El presidente reelecto no solo obtuvo inmunidad en los casos relacionados con sus acciones durante su administración, sino que además tuvo consideraciones especiales al ser sentenciado por el caso de Stormy Daniels.
Finalmente, es indispensable evaluar cómo el hartazgo político y la desconfianza hacia las élites han impulsado liderazgos anti-establishment que utilizan sus procesos legales como herramientas estratégicas. Al posicionarse como víctimas de un sistema “injusto”, mientras destacan cómo este protege a las élites, consolidan su narrativa y refuerzan su influencia. Esto refleja cómo la inmunidad política, si no se regula adecuadamente, puede ser instrumentalizada para desafiar los principios democráticos.
Que liderazgos actuales y futuros utilicen recursos legales para justificar acciones autoritarias amenaza los principios democráticos. Es crucial establecer límites claros y garantizar que este mecanismo no sea una herramienta de impunidad.
Solo a través de instituciones sólidas y transparentes podremos fortalecer la confianza pública y asegurar que la justicia sea verdaderamente igualitaria. El reto para las democracias modernas, incluidas las de nuestra región, radica en aprender de estos casos y adaptarse a los desafíos que presentan, sin comprometer los valores fundamentales que las sostienen.
POR AMALIA PULIDO
PAL
