Siendo gobernador romano Lucius Calpurnius Piso, un soldado volvió de la guerra sin su compañero. El gobernante sospechaba que el legionario había asesinado a su colega, así que le dictó sentencia de muerte.
Cuando el centurión estaba a punto de ejecutarlo, el soldado extraviado apareció para sorpresa de todos. Como era natural, el verdugo suspendió la ejecución y compareció ante Piso para implorar clemencia y frenar la injusticia.
Piso entró en cólera por el desacato a su autoridad y ordenó la ejecución de los dos soldados y del centurión, justificando su decisión de esta manera:
- Al primer soldado porque pesaba en su contra una sentencia que le condenaba a muerte.
- Al centurión porque desacatar una resolución de esa naturaleza debía pagarse con la vida.
- Al legionario recién aparecido porque su conducta había provocado la muerte de dos inocentes.
No cabe duda de que tal determinación era legal, en efecto existía la condena, el desacato se pagaba con la vida, la imprudencia del segundo soldado había ocasionado la confusión y Piso tenía las facultades, sin embargo, de ninguna manera la actuación del gobernador podría considerarse justa.
Este pasaje de la historia conocido como “La justicia de Piso”, en mucho se parece a la “Reforma Judicial” de Morena que recientemente fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, pese a la lúcida advertencia de la oposición sobre las consecuencias de esta reforma, que echa abajo los principios sobre los que se cimienta la República.
Es legal que Morena haga valer su mayoría, pero en ninguna circunstancia esta reforma constituye un avance en la impartición de justicia, por el contrario, se trata de una vulneración a la separación de poderes y un intento de apoderarse del Poder Judicial que, idealmente tendría que gozar de plena autonomía.
Esta reforma plantea la elección popular de juzgadores, sin embargo, es una falsa idea de democracia, toda vez que la ciudadanía votará por la reducida lista que la cúpula en el poder le presente.
Más allá de sí la elección pudiera ser o no democrática, nos enfrentamos ante un “populismo judicial”, toda vez que los juzgadores no se ocuparán en ser los más preparados, sino los más populares para sumar la simpatía del electorado y ganar en las urnas, lo que hoy se construye a través de una larga carrera, exámenes de oposición y un escalafón a base de méritos.
Por si fuera poco, para ser juzgador bastará haber egresado de la licenciatura en derecho con 8 de calificación, como si la tarea de juzgar no requiriera de altos conocimientos técnicos, vocación, probidad y experiencia.
Sin duda, el sistema de justicia requiere una revisión profunda y una reforma acuciosa, sin embargo, hacer de la elección de jueces un circo mediático, no solucionará la deuda historia de la justicia con el pueblo de México.
Esta reforma no está pensada para que el pueblo acceda a sus derechos, sino para tomar el control del Poder Judicial, de lo contrario, el dictamen aprobado habría incluido a policías, ministerios y defensorías públicas, además de un sistema de carrera judicial riguroso y exhaustivo.
Por si esto fuera poco la reforma modifica los efectos del Juicio de Amparo, al impedir que un juzgador pueda ordenar se suspendan los efectos de una ley que afecte a la ciudadanía. Recordemos que el Juicio de Amparo es una institución jurídica reconocida internacionalmente por su eficacia, al tratarse de un mecanismo para que la ciudadanía se defienda de los abusos del poder.
Mientras tanto, servidores públicos del Poder Judicial, decidieron levantar la voz para exigir sus derechos y visibilizar esta reforma que constituye un duro golpe para el Poder Judicial, pero sobre todo una amenaza contra el Estado de Derecho.
La siguiente legislatura tendrá la responsabilidad de continuar con el proceso legislativo de esta reforma que, de no ser frenada, será el comienzo del fin de la República.
Por: Marco Antonio Mendoza Bustamante
@MarcoMendoza_B
dhfm
