Al comparar la relación entre el presupuesto y el número de probables responsables de un delito detenidos por las autoridades federales y estatales, los primeros resultan más caros que los segundos en una proporción de casi 11 a 1.
Dicho en otras palabras, al dividir el presupuesto promedio destinado a las áreas de seguridad pública federal y estatal entre el número de personas puestas a disposición del Ministerio Público durante los últimos 4 años (2020-2023), resulta que por cada detenido por la Guardia Nacional se invirtieron 6 millones 337 mil pesos, mientras que las secretarías de Seguridad Pública o Ciudadana estatales erogaron 583 mil pesos.
Así se desprende de los datos publicados por el INEGI en los censos Nacional de Seguridad Pública Federal y Nacional de Seguridad Pública Estatal entre 2021 y 2024, con datos del ejercicio presupuestal de cada una de las dependencias y número de detenidos del año inmediato anterior.
Esto no quiere decir que el dinero ejercido por las autoridades federales y estatales haya sido destinado únicamente en las labores que condujeron a la detención de los probables responsables de un delito, sino que es una forma tangible de medir la eficiencia del trabajo realizado en términos cuantitativos.
Resalta que la tendencia a la alza en el presupuesto invertido por cada detenido a nivel federal se mantuvo entre 2020 y 2022, sin embargo en 2023 esta se rompió, sin que ello implique una descenso sustancial, ya que pasó de 9 millones 720 mil pesos por detenido en 2022 a 9 millones 340 mil en 2023.
A nivel estatal, la tendencia en el presupuesto invertido se mantuvo a la alza y pasó de 511 mil 700 pesos por detenido en 2020 a 701 mil pesos en 2023.
Otro elemento a destacar y que va de la mano con el presupuesto, es el referente al estado de fuerza de las instituciones encargadas de la seguridad pública federal y estatal, mismo que al dividirlo entre el número de detenidos nos da una idea del nivel de eficiencia, siendo la de la GN la más baja y la de las policías estatales la más alta.
De ésta forma, durante 2020 para detener a un probable responsable de un delito por parte de la GN se requirieron 13 elementos, en 2021 se necesitaron 14 efectivos, para el 2022 se precisó en el concurso de 39 elementos, mientras que para 2023 se requirieron 48 efectivos. A nivel estatal el número de elementos para detener a una persona fue de 1.2 en 2020, 1.23 en 2021, 1.3 en 2022 y 1.6 en 2023, es decir en el año más reciente se requirieron 30 veces más elementos de GN por detenido.
Lo anterior sin contar la cantidad de personas presentadas ante el juez cívico por haber cometido faltas administrativas, que para el caso de las dependencias estatales pasaron de 540 mil 754 en 2020 a 282 mil 954 en 2022. En el caso de la GN, el número de detenidos presentados ante el juez cívico ha sido igual de bajo que los puestos a disposición del Ministerio Público, al pasar de 343 en 2020 a 972 en 2023.
Dicho comportamiento indica que las faltas administrativas, por más que pudieran ser la antesala para la comisión de delitos, para las autoridades federales y estatales no tienen la mayor relevancia, la idea no es parecer un gobierno represor.
En síntesis, las cifras de detenidos contra el presupuesto ejercido por instancias a nivel federal y estatal no reflejan la mejor eficiencia en términos cuantitativos ya que en la medida que aumentó el estado de fuerza bajó el número de detenidos, además se requirieron más elementos de la GN para detener a una persona que policías estatales.
Por si esto fuera poco, el número de homicidios dolosos en lo que va del sexenio ya se acerca a los 195 mil acumulados. Ojalá que los verdaderos avances se estén dando en términos cualitativos y antes de que concluya esta administración los podamos conocer.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
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