Los últimos resultados del Índice del Estado de Derecho de la organización World Justice Project que, entre otras condiciones, mide el porcentaje de impunidad en distintos países del mundo, dice que en México no ha habido un decremento desde el año 2006 cuando se comenzó a realizar dicha encuesta.
Ese 98% de impunidad que los entrevistados señalan respecto a todo el sistema de justicia, pasa por Fiscalías y el Poder Judicial local y federal, en todas las materias; la percepción social señala a dicho Poder genéricamente como una institución no confiable. Los factores son diversos, las y los integrantes, ingreso, permanencia y retiro de los mismos, el acceso a una defensa profesional que pueda ser retribuida económicamente al alcance de cualquier bolsillo y los tiempos de resolución, son los diversos parámetros que se han utilizado para elaborar el estudio de referencia.
La Reforma Judicial en México ha venido aparejada por una serie de foros que desde la Cámara de Diputados y senadores, así como diversos actores políticos han encabezado con la participación del propio Poder Judicial y público interesado. Lo anterior, a manera de legitimar que la decisión y la necesidad de la reforma esté plenamente consensuada por la mayoría del pueblo mexicano; la realidad es que la enorme mayoría no conoce ni el contenido de la reforma ni mucho menos cómo funciona el sistema de justicia en nuestro país.
La Cultura de la Legalidad en México se ha concentrado en la difusión de nuestra Carta Magna y algunas normas generales, pero sólo las y los juristas, desde la academia hasta las y los operadores del sistema judicial, conocemos con exactitud cuáles son los puntos medulares que sin duda requieren ser atendidos como deuda histórica.
Paralelamente, en la UNAM se realizó el foro “Reforma Constitucional en Materia Justicia” con la participación de académicos de la Facultad de Derecho, las Facultades de Estudios Superiores Aragón y Acatlán, así como del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y con la presencia del Rector Leonardo Lomelí Vanegas; la intención, enviar un mensaje social y político con la postura de la UNAM al respecto, en ese foro no se percibió la participación de ningún panelista exponiendo y defendiendo la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y avalada por la presidenta electa, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.
En ese orden de ideas, el bando legislativo que tomará protesta el próximo 1 de septiembre en ambas Cámaras, así como en las locales que tendrán que refrendar la modificación constitucional, deben contar con vocerías que avalen con calidad jurídica argumentativa que establezca que en la teoría y la práctica den a la reforma judicial propuesta la viabilidad e idoneidad en cada una de las distintas facetas del proyecto.
Lo que es una realidad es que la reforma será sí o sí, se tiene que encontrar el cómo sí para que su resultado sea como primera premisa abatir la impunidad, redefinir la división de poderes y los alcances del Poder Judicial para la defensa del gobernado y de las instituciones, además de garantizar el acceso universal a la justicia donde se erradiquen historias de terror como la que actualmente tienen procesados penalmente, a personas privadas de la libertad hace más de 20 años, por decir lo menos; procesos en otras materias con sentencias inejecutables por diversos motivos; menores de edad destinados a su suerte hasta que cumplen la mayoría en recintos que los revictimizan, y un larguísimo etcétera que el sistema de justicia en su conjunto debe reconocer como parte de una condición lamentable que han sufrido millones de mexicanos.
También se debe reconocer que la evolución del Poder Judicial de nuestro país ha sido vanguardista a nivel internacional; la carrera judicial y todas sus trabajadoras y trabajadores cuentan con el respaldo constitucional en sus derechos; y en la mayoría de los casos el personal judicial es honesto, profesional y es el más capacitado y experimentado para ejercer la noble y compleja labor de la justicia. Su autonomía e independencia se garantizará en virtud de contar con personas juzgadoras ajenas a intereses políticos o económicos de cualquier parte. Eso también es lucha contra la impunidad.
POR RICARDO PERALTA
COLABORADOR
@RICAR_PERALTA
PAL
