En los tiempos aciagos en que la justicia se enarbola como bandera de descrédito para las personas juzgadoras bien vale la pena la siguiente reflexión.
Se exige que las personas juzgadoras tengan una mayor y mejor deferencia hacia el legislador. Dicho de otro modo, se pide un apego “más estricto” a lo que dice la ley, curiosamente no a lo que la Constitución mandata. Una especie de retorno a la aplicación mecánica e incuestionable de la legislación, esto es, al Estado legalista.
Por supuesto, cada poder público tiene su propio ámbito de competencia, pero no se puede concebir que son entidades aisladas. Por el contrario, debe existir una colaboración respetuosa entre ellos, siempre bajo una misma luz: la de la Constitución. Tanto una norma como una sentencia que contravengan a la Ley Fundamental deben ser excluidas del orden jurídico y hacer de la Constitución la máxima que guíe a todos los poderes de la Unión.
Pero, ¿seguir al pie de la letra lo que dice la ley es justicia? Parece mentira, pero desde el siglo XX se pugnó desde la corriente del positivismo jurídico por exactamente lo mismo: despojar de contenido moral al Derecho. Ahora bien, qué es esa dosis de moralidad en el orden jurídico si no la esencia de la propia justicia. Ya Hans Kelsen –sin duda, el exponente más connotado del iuspositivismo continental europeo– se preguntaba en dos obras pilares –¿Qué es la justicia? y la Teoría Pura del Derecho– si el Derecho debía ser justo, y respondía que no.
Lo anterior no significa “satanizar” a Kelsen –como algunos torpemente lo han hecho–, pero sí reconocer que la estricta positivización del Derecho llevó a extremos trágicos que se distinguieron por algo en común: la falta de justicia, como lo padeció Europa en la primera mitad del siglo XX.
Debe recordarse que los legisladores no son omnicomprensivos, por más codificaciones que hagan, será imposible reunir en un solo catálogo de normas generales el acontecer casuístico de la realidad. Y ahí es en donde entra el Poder Judicial para resolver los casos concretos, eliminar los rigorismos legislativos y, sobre todo, impartir justicia, incluso a costa del texto del legislador.
¿No es un contrasentido que quienes piden supuestamente más justicia en nombre del pueblo lo hagan a partir de exigir un apego irreflexivo hacia la ley? Sin duda que lo es. Cuando se pretende amordazar la impartición de justicia de diversas maneras mediante el argumento de la aplicación literal de la ley, aun cuando ésta sea incluso violatoria del texto constitucional o también de los derechos fundamentales y los Tratados suscritos por el Gobierno, habremos retrocedido dos siglos respecto en la construcción del Estado de Derecho y del pensamiento jurídico. Creo con firmeza que el pueblo de México en su conjunto merece un mejor sistema de justicia en todos los niveles y en todos los Tribunales del País. Ideal que nadie puede dejar de defender, y menos quienes hablan por el pueblo y demandan algo distinto de lo que tenemos.
POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
EEZ
