Toda elección tiene consecuencias. Unas más que otras. Con la del pasado 2 de junio, sin embargo, sucede que sus consecuencias serán de amplio espectro.
Es muy posible - aunque no predeterminado - que la alianza ganadora tenga las mayorías necesarias en el Congreso para cambiar la Constitución.
De hecho, recientemente se anunció que el régimen gobernante aprovechará el mes de septiembre - mes en el que el nuevo Congreso y el actual presidente coincidirán en el gobierno, antes de que asuma el cargo la actual presidenta electa - para aprobar las 20 reformas que propuso el Presidente hace varios meses.
Este sería un cambio fundamental en las relaciones de poder en el país. Equivaldría casi a una reforma constitucional. El país sería uno antes y uno después. Varios de los cambios propuestos entrañan un enorme riesgo para la sobrevivencia de las instituciones republicanas y liberales.
Destaca, por supuesto, la reforma judicial, que, de concretarse, muy probablemente significaría el fin de la independencia del poder judicial en México y su supeditación al poder presidencial. La propuesta de que los Ministros deben elegirse por voto popular conduciría a la politización de la acción judicial, que, lejos de promover la justicia - que es ciega - sería parcial en favor de un grupo político o económico.
Otra reforma que se prevé es la electoral. Una de las ideas también es que se elijan a los Consejeros por voto popular. Si en el caso del poder judicial lo que se ataca con la reforma es la independencia, la imparcialidad y el buen juicio de Ministros y Jueces, en el caso de los Consejeros electorales lo que se vulnera es su capacidad técnica y habilidad institucional para organizar elecciones limpias.
Lo que sucedería es que los Consejeros cesarían de ser imparciales. La nueva institución electoral que surgiría de la reforma electoral planteada sería todo menos objetiva. ¿Y qué es un árbitro electoral que no es imparcial?
Junto con los cambios constitucionales en materia judicial y electoral se plantea también liquidar a los órganos autónomos. Sería el fin de una infraestructura que ha sido muy útil para promover - por diversas vías - que diversas instancias del gobierno actúen de una mejor manera. Y así ha sido, en muchos casos.
Este ecosistema de órganos autónomos ya ha sido muy debilitado pero la estocada final podría suceder en septiembre próximo. Estos son sólo tres ejemplos de cambios constitucionales y reformas que se tienen planeadas y que, aparentemente, la mayoría oficialista intentará aprobar sin discusión alguna.
No debemos dejar que esto suceda. El orden republicano, constitucional, democrático y liberal no puede ser proscrito de un solo plumazo. Cada quien desde su propia trinchera tendrá que resistir a semejante tentativa de liquidar nuestra democracia. Así debe ser.
POR GUSTAVO DE HOYOS WALTHER
FUNDADOR DE SÍ POR MÉXICO Y UNID@S
@GDEHOYOSWALTHER
MAAZ
