Claudia Sheinbaum habla poco del tema, pero debe ser consciente que una de las tareas más complejas y apremiantes que tendrá su gobierno será la de contener y acotar la crisis de violencia, inseguridad y pérdida de control territorial por la que atraviesa el Estado mexicano.
Sobre sus planes sabemos poco, acaso porque sabe que se requiere un viraje drástico y enunciarlo abriría una grieta con el actual presidente. Pero si algo ha dejado entrever es que alguien con el perfil de Omar García Harfuch podría jugar un rol central en el aparato de seguridad del nuevo gobierno. En la señal se anuncian acaso aires de cambio, pues de este personaje podemos esperar que sea todo, menos un acólito en la liturgia de los “abrazos no balazos”.
Sin embargo, lo importante es que más allá de nombres, se tendría que construir un nuevo modelo acorde al tipo de crisis que hoy vivimos y a la estabilidad que queremos que perdure hacia futuro. No importa la figura que llegue al mando de una dependencia como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) si esta permanece como un simple cascarón que no tiene impacto real en los fenómenos que ponen en riesgo nuestra soberanía territorial.
La actual Secretaría lleva en el nombre su inoperancia: está pensada para ser una instancia de seguridad ciudadana, no para atender asuntos de seguridad nacional. No es casualidad que no cuente con fuerza ni capacidades de actuación para combatir a las fuerzas paraestatales que hoy operan en el país.
Ya ni siquiera sirve para lo que debería, que era ayudar a estados y municipios a construir capacidades, pues la amputaron de todos los fondos y subsidios en la materia. Básicamente, hoy esta dependencia se convirtió en una vocería que se dedica a contar muertos.
Existen, desde mi punto de vista, tres rutas para corregir el actual modelo. La primera, la menos ambiciosa, es dejar la estructura burocrática tal cual como está, con la Guardia Nacional operativamente al mando del Ejército, pero dándole más poder a la SSC sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Bajo este modelo, su titular sería una especie de “zar” de investigación criminal, que se concentraría más en coordinarse con la Fiscalía para la construcción de casos criminales que con las Fuerzas Armadas para el diseño de las estrategias territoriales, ahí donde se combate.
La segunda opción es crear una nueva dependencia: la Secretaría del Interior. Esta institución se podría encargar de tres funciones: atraer a la Guardia Nacional y desplegarla en las zonas rurales donde hoy no hay presencia estatal, además de proteger carreteras y caminos; hacerse cargo de la política migratoria y del control fronterizo; y desarticular organizaciones que amenazan la seguridad interior por medio de la inteligencia y de acciones operativas.
Existe una tercera opción que es la más ambiciosa, pero que también permitiría corregir otro pendiente, el de las relaciones civiles-militares. Hablo de hacer una cirugía mayor al andamiaje constitucional y legal de la seguridad nacional, y a su aparato de aplicación que es la Defensa Nacional.
Esta reforma mayúscula implicaría crear una nueva Secretaría de la Defensa Nacional con las 3 fuerzas bajo su manto (Ejército, Fuerza Aérea y Marina), más la Guardia Nacional y el CNI. Las primeras tres se encargarían de la defensa exterior y las últimas dos de la defensa interior. Esto implicaría quitar al Ejército la primacía que hoy tiene en la materia e igualarlo al resto de corporaciones. Y lo más importante: dar el paso histórico hacia un mando civil en la Defensa, como sucede en el resto de democracias.
Para muchos, se trata de un paso imposible, casi por reflejo se dice que “los militares no lo permitirían”. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas no son un monolito de pensamiento e intereses. Dentro del propio Ejército hay generales modernos que entienden la importancia de este paso.
En la Fuerza Aérea, la Marina y la propia Guardia, por su parte, debe haber interesados en dejar de estar subyugados al poder del Ejército. Pero el argumento más importante es que si un gobierno puede hacer esta reforma, es este, el de los 36 millones de votos. ¿Los usarán para fortalecer al Estado o para seguirlo debilitando?
POR CARLOS MATIENZO
SOCIO-DIRECTOR DE DATAINT
@CMATIENZO
MAAZ
